Urge apurar investigación
Gracias a mi buen amigo PBO, pudimos conocer, según lo anunciado, las posibles conversaciones entre el empresario investigado y actualmente preso, Zamir Villaverde, con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, que han puesto en evidencia un sórdido ambiente de corrupción, en el cual, la repartija de cargos al más alto nivel en los organismos públicos, los enredos partidarios del actual gobierno y las conductas amorales de sus personajes son los elementos distintivos de quienes llegaron al poder para aprovecharse de él, lucrar con los dineros del estado; es decir, de todos los peruanos y engañar, una vez más, al pueblo que dicen representar y bajo cuyo membrete vienen cometiendo los estropicios más increíbles que no se habían visto en nuestra vida republicana.
Dichas conversaciones que vienen de pocas horas antes de que el profesor Pedro Castillo, asumiera el mandato, han revelado la catadura moral de sus interlocutores que sólo la fiscalía podrá determinar sus alcances y ver hasta dónde llegan los tentáculos de una repudiable corrupción que la población rechaza y que, al parecer, se vino gestando desde el momento en que se supo que el partido Perú Libre había ganado las elecciones generales el año pasado. Toca a las instituciones pertinentes investigar estos hechos, sea en el congreso de la República o el Ministerio público, con la prontitud necesaria y el rigor reclamado para esclarecer la veracidad de lo que parece ser una perversa realidad y sancionar a los responsables.
Tan graves son esas revelaciones y verosímiles sus mensajes que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país por 36 meses para el exministro del MTC, Juan Silva, por presuntamente estar involucrado en los delitos de organización criminal y colusión en beneficio de empresas constructoras peruanas y chinas durante el ejercicio de sus funciones. Igualmente, requirió impedimento de salida por nueve meses, por el delito de tráfico de influencias agravado, para seis congresistas de Acción Popular, identificados bajo el apelativo de los “niños”.
Por otra parte, la vicepresidenta y titular del MIDIS, Dina Boluarte, corre el riesgo de ser acusada en el congreso de la República por infracción constitucional y ser inhabilitada para ejercer cualquier cargo en el estado hasta por un período de diez años. Según una denuncia de la Contraloría General de la República, la funcionaria violó el artículo 126 de la Constitución.
Según Contraloría, Boluarte intervino en la gestión de la asociación privada del Club Departamental Apurímac, al mismo tiempo que desempeñaba su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Además, la vicepresidenta se vio envuelta en un escándalo de proporciones contra nuestro país, al expresar en el Foro minero en Davos, Suiza, que “en Perú las empresas mineras que están vienen contaminando nuestros ríos, nuestros pastizales, nuestras lagunas y queremos que estas empresas, así como estamos hablando de medir los resultados que vienen haciendo, midamos estas contaminaciones porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe, motivando la inmediata reacción de empresarios mineros que la calificaron de irresponsable al ahuyentar en el exterior las inversiones mineras en nuestro país. Los comentarios de Boluarte confirman las intenciones del Ejecutivo de golpear al sector minero, señalaron sus críticos. “La señora Boluarte no es una ignorante y, por lo tanto, lo debe haber hecho de muy mala fe”, precisó Roque Benavides, reconocido empresario minero. Así las cosas, reitero, lo que mencione en mii artículo anterior la creación de un Gobierno de Ancha base, de lo contrario nuestro país se perderá la oportunidad de dar lo mejor las generaciones futuras.
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