¿Urge la reforma del Poder Judicial?
Expreso ha referido que en la página web del Poder Judicial se informa que “existen 5’803,010 expedientes por resolver en las diferentes instancias. Esto evita que culpables paguen por sus culpas, y que inocentes sean librados de procesos basados en falsedades.” (SIC). Esta información pone en evidencia que no se administra justicia con arreglo a la Constitución y leyes. En la sociedad hay la certeza que los magistrados no procesan las acciones judiciales dentro de los plazos nítidamente establecidos en las códigos y normas legales procesales que les señalan plazos específicos para resolver cada acto procesal desde la calificación de una demanda hasta la emisión de las sentencias en todas las instancias judiciales. Las notificaciones a las partes se hacen muy tardíamente. Hay incumplimiento del artículo 109° de la Constitución. 5’803,010 es la quinta y media parte de la población peruana (32’131,400).
También en un diario local un juez titular superior ha escrito que “en septiembre se ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto de Ley para reformar la elección del presidente del Poder Judicial y los 35 presidentes de cortes superiores mediante voto secreto y obligatorio de los jueces titulares del Perú”. Es otra evidencia que se requiere de magistrados eficientes que dirijan la administración de justicia cumpliendo los artículos 109°, 138° y 139° de la Constitución. No es sólo asunto presupuestal sino capacidad en los juzgadores de justicia.
“Una administración de justicia tardía no es real justicia”. Los magistrados de todos los niveles lo conocen (son graduados en Derecho como abogados y algunos son magísteres y doctores en Derecho) y han jurado reiteradamente cumplir con la ley. No obstante, ese Poder estatal evidencia colapso y requiere que se vuelva a organizar para que haya eficiencia y que los jueces procesen las causas judiciales (penales, civiles, comerciales, familia, laboral, etc.) cumpliendo los plazos pertinentes y respetando el debido proceso. Sus excusas son la “carga procesal” que ellos la generan y la ineficiencia del personal a su cargo. Si hay un proyecto para establecer las elecciones de presidentes de las Cortes Suprema y Superiores y ante la evidencia del colapso reconocido por ese Poder estatal, no basta normar las elecciones indicadas, sino que debe el Congreso aprobar la nueva organización tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. La población espera que los congresistas sean objetivos y capaces de solucionar un grave problema nacional.
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