Urge proteger a los trabajadores del servicio público

En los últimos meses hemos visto cómo el aparato estatal viene siendo copado por diferentes personajes que apoyaron en campaña a Pedro Castillo, lamentablemente estos no muestran la idoneidad para los cargos en los que son colocados. Podríamos decir que es normal que un gobierno entrante ponga a su equipo principal en los ministerios y mientras se van acomodando en el puesto el grueso del sector público sigue trabajando. La idea es que ese equipo del ministerio o dependencia pública que conoce el día a día permita que todo siga funcionando. Pero cuando empiezan a mover a la base de los trabajadores, que por cierto son del “pueblo”, allí empieza a peligrar todo el servicio público.

Aunque ejemplos hay muchos, mencionaré el que se presentó en el programa Punto final sobre la “agencia de empleos en el MTC” donde reveló hace unas semanas que un personaje llamado Juan Altamirano Sánchez se presentó como “mano derecha” del ministro Juan Silva en una reunión por zoom que sostuvo el pasado 1 de diciembre con miembros del colectivo Wari, cercano al partido de Gobierno, Perú Libre. En dicha reunión virtual representante del colectivo que apoyó durante la última contienda electoral a Pedro Castillo estaría solicitando el pago por dicho favor mediante puestos de trabajo para los integrantes de la referida organización.

Otro ejemplo reciente es la renuncia de la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, quien ha sido la vocera de la campaña de vacunación contra la covid-19. En su carta de renuncia se evidencia la poca importancia que le dan a la salud de la población, en esta señala que no habían sido convocados a las reuniones del equipo de gestión, no podían disponer de recursos económicos para implementar más brigadas, los equipos de trabajo de inmunizaciones no cuentan con contrato activo, y se evidencia un claro intrusismo en algunas direcciones desde la llegada de Hernán Condori. Entonces estamos viendo una forma de presión sobre los trabajadores para que se vean obligados a renunciar y así queden puestos libres para más personas afines al Gobierno, sin importar los riesgos.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo se han pronunciado en contra, como en su último comunicado donde lamenta la renuncia de Gabriela Jiménez, y dice a la letra: “las razones expuestas por la funcionaria evidencian graves falencias en la gestión del ministro de Salud, en desmedro de equipos técnicos y del proceso de vacunación contra la covid-19…” Pero ¿qué está haciendo el Congreso para proteger a los trabajadores del sector público?, ¿se seguirá haciendo de la vista gorda mientras destruyen el aparato público, maltratan a los trabajadores y juegan con la salud de la población? ¡Despierta, Congreso!

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.