Urge publicar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht

Hasta el día de hoy sigue hasta hoy escondido bajo siete llaves, luego de cinco años de firmado y homologado judicialmente, el denominado Acuerdo de Beneficios de Colaboración Eficaz entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial, la Procuraduría Pública Ad Hoc, la Empresa Constructora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú y cuatro de sus funcionarios.

Ello, pese a los principios de unidad y cooperación que existen y obligan a todos los entes de la Administración Pública, que según la Ley 24777, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye a los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los gobiernos regionales y locales, entes constitucionalmente autónomos y hasta proyectos, programas y concesiones.

Todo pedido para conocer el texto del aquel acuerdo ha sido objeto de insólitas y sospechosas respuestas negativas, no solo por distintos titulares del Ministerio Público sino hasta por la misma jueza que lo homologó (M. A. Álvarez Camacho). Esta última, incluso llegó a emitir la resolución denegatoria N° 51, de 24 de agosto de 2020, alegando la condición de “reservado” del acuerdo. Con todo ello se impidió que el Congreso de la República –a mi solicitud a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos– pueda acceder a dicho documento, neutralizándose la potestad de fiscalización e investigación del Congreso de la República, previstas por los Arts. 96° y 97° de la Constitución Política.

Estimo en miles de millones de soles los fondos del erario nacional comprometidos como resultado de este acuerdo, un crimen a todas luces si consideramos que al solicitar Odebrecht su celebración, en noviembre de 2016 y celebrarlo en febrero de 2019, ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América tenía toda la información necesaria, que no se amplió en lo mínimo aquí, y podía facilitarla al Perú en cumplimiento de sendos tratados internacionales multilaterales de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. Para el país de Norteamérica fue suficiente la información acopiada (que incluía los casos de corrupción en el Perú) para aplicarle a Odebrecht una milmillonaria multa en dólares, solo por haber movido su dinero a través del sistema financiero estadounidense.

Repito una vez más, no era necesario para el Perú conceder nada a Odebrecht ni a sus funcionarios, todos ellos corruptos y corruptores. No es difícil intuir que detrás de la celebración y ejecución del entreguista acuerdo (sus efectos lo demuestran así) hay mucho por investigar y sancionar.

El Perú exige la publicación inmediata de tal acuerdo.

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