¡Urge reformar el sistema judicial!
La abogada Delia Espinoza debe deponer su secuestro del Ministerio Público, cargo que inconstitucional e ilegítimamente ocupa. Y, asimismo, entregar inmediatamente la titularidad del mismo a doña Patricia Benavides Vargas, de acuerdo al ultimátum emitido el lunes 23 de junio por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), bajo apercibimiento de que la Policía proceda a detener a Espinoza por encontrarse, en flagrancia, cometiendo el delito de desacato.
Confirmada la doble moral característica de la casta caviar, nada de esto ocurrió cuando esa etnia destituyó —en forma exprés, inconstitucional e ilegal— a la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides; repuesta en el cargo con todas las de la ley por la JNJ. Hoy, que Espinoza quebranta la norma desoyendo el mandato de la JNJ, nadie habla de “golpe de Estado”, epíteto petardista que usó Espinoza para generar el ambiente necesario y lograr que la JNJ expulse a Benavides Vargas del Ministerio Público.
Fue entonces Espinoza —la iconoclasta que ahora se niega a dejar la Fiscalía de la Nación, pese a requerirlo la JNJ— quien impidió a la entonces fiscal de la Nación Benavides apelar al legítimo derecho a la defensa, tras espetarle a gritos “golpista” por calles y plazas —incluso en la mismísima Fiscalía de la Nación— exigiendo que “se le detenga, procese y condene por flagrante delito”, abusando del cargo. Pero otra vez Espinoza actúa delincuencialmente; ahora, negándose a acatar el ucase de la Junta Nacional de Justicia de reponer a la fiscal de la Nación Benavides.
Esta doble cara como modelo de “justicia” es verdaderamente repugnante, aparte de ilícita, inconstitucional y amoral. Pero es el arquetipo clásico de los caviares, cuando se trata de que ellos corten el jamón impartiendo “justicia”. En esta circunstancia, amable lector, el Perú necesita optar por: 1) seguir por el camino del sometimiento a la ley con abuso, prepotencia e iniquidad —ante una mafia extranjerizante, autofavorecida, corruptora como es la mancha caviar—; o 2) reconstruir desde sus cimientos todo el aparato de justicia de nuestra nación.
Consideramos que lo expuesto requiere iniciativas y ejemplos más que determinantes, a modo de alternativas para superar el estado crítico en que se encuentra nuestro sistema judicial, entendido como Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público.
Ante unas elecciones generales de vértigo, apremia debatir y aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre aspectos trascendentes, para ir concibiendo un moderno, funcional modelo jurídico, de manera que el Congreso que tome la posta en 2026 concluya el resto. Existen iniciativas que provienen de una Comisión Especial de Alto Nivel de Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que necesita ser reorganizada por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); asimismo, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales —precisando que el paroxismo de la Fiscalía nos hace vulnerables frente a los operadores políticos. Por último, hace falta que el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo opinen sobre aquellas propuestas que vulneren principios constitucionales. ¡Urge, definitivamente, concertar esta monumental tarea!
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