¡Urge reformar nuestra justicia!
Seguimos empantanados en una vorágine de anarquía, por esta podredumbre del sistema de justicia (Poder Judicial más Ministerio Público) que mantiene en absoluta zozobra a la sociedad. Mientras el Congreso rechace enfrentar esta realidad —que implica muchas veces la vida o muerte, y/o la felicidad o desgracia de los peruanos—, acabaremos transformados en una sociedad salvaje que algún día de estos decidirá ejercer “justicia” por mano propia.
Si bien hace unos años avanzamos algo —estableciendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como órgano exógeno al Poder Judicial—, esta carece de los fundamentos necesarios para imponer autoridad. Acabamos de comprobarlo con el escándalo surgido a raíz del desafío protagonizado por la delincuente (quien quiebra la ley) Delia Espinoza, quien ha desacatado el mandato de la JNJ de dejar el cargo de fiscal de la Nación, emperrechinándose en seguir allí enquistada. Tamaño escándalo no debe quedar así. Es tiempo de que los parlamentarios entiendan que la sociedad les paga para trabajar para ella; jamás para ellos, como ocurre desde que nuestro Legislativo dejó de serlo. Porque la socialización de la política peruana ha significado su degradación, convirtiéndose en suerte de chabacana asamblea popular. La prueba está en la impresentable calidad de nuestros legisladores —salvando importantes excepciones—, que mayoritariamente ocupan el recinto congresal desde que la izquierda capturara el poder con Humala, luego con “yo soy socialista” Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte.
Nuestra JNJ carece, entre otras taras, de legitimidad social, por no haber logrado consolidar su independencia ni eficacia, sumada a una clara falta de transparencia. El enfrentamiento entre Espinoza y la JNJ no solo es un conflicto personal o administrativo, sino un síntoma de su crisis de gobernabilidad. La negativa de Espinoza a acatar una resolución de la JNJ refleja una pugna verdaderamente intolerable entre el Ministerio Público y aquella Junta. De otro lado, la judicialización del conflicto —mediante amparos y denuncias constitucionales cruzadas— demuestra que los mecanismos de resolución de disputas continúan tensionados al máximo. Resumiendo: la JNJ necesita ser sometida a reformas internas muy urgentes. Problema al cual solamente el Congreso podría darle solución.
Pero ocurre que los legisladores de polendas —que tenemos contados con los dedos de una mano— comparten hemiciclo con una gavilla de analfabetos, económica y sociopolíticamente hablando, enervando todo debate enriquecedor y desembocando en la producción de leyes inútiles o nefastas para las necesidades de nuestro desbordado país.
Para insistir en el caso de la JNJ, precisamente en Brasil esa entidad tiene criterios insalvables en materia no solamente de jerarquías, sino de productividad, transparencia y rendición de cuentas ante los tribunales, jueces y fiscales. Asimismo, en Brasil el poder Legislativo tiene facultad para suspender las sesiones de aquella entidad cuando considere que ha excedido sus funciones; además de fiscalizar su control interno, prohibir cualquier decisión cautelar individual de los jueces, y asimismo reemplazarlas por decisiones cautelares colegiadas, entre muchas otras prerrogativas.
Recemos para que el Parlamento electo el año entrante reúna condiciones suficientes para solventar estas y muchísimas otras carencias que nuestro actual Congreso ha sido incapaz de solucionar.
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