¿Vacancia o acusación constitucional?
Contra viento y marea, y venciendo obstáculos verdaderamente esperpénticos en una democracia, la noche de lunes el Pleno del Congreso declaró procedente la Acusación Constitucional por Traición a la Patria contra el presidente Pedro Castillo, presentada por un notable grupo de ciudadanos: Francisco Tudela, Fernán Altuve, Hugo Guerra, Ángel Delgado y César Vignolo. Durante semanas, congresistas tanto del oficialismo como de unos pocos de la oposición -en particular del partido Acción Popular- fueron sembrando sucesivas triquiñuelas con el propósito de prolongar el trámite de aquella moción acusatoria, procurando que vencieran los plazos constitucionales, procesales y legislativos y, consecuentemente, se frustre esta estratégica iniciativa.
El motivo de la acusación estriba en lo dicho por Castillo durante una entrevista de la cadena noticiosa internacional CNN. Allí confirmaba que, en efecto, propone promover una cesión territorial marítima a Bolivia y también convocar a un referendo, a efecto de aprobar el desmembramiento territorial del Perú para favorecer a la vecina Bolivia, so pretexto que “es lo que piden nuestros hermanos bolivianos” para tener salida al mar. En rigor semejante traición surgió de un pacto de sangre sellado entre Pedro Castillo y su camarada, Evo Morales, durante una serie de eventos sindicalistas llevados a cabo en Bolivia antes de ser electo mandatario. ¿La meta? Fundar la república plurinacional o “patria grande”, siguiendo el modelo regional impuesto por el “socialismo bolivariano del tercer milenio” proyectado por Cuba y Venezuela. El resultado de la votación del lunes fue de vértigo: nueve votos a favor –incluido el doble voto de la presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales- y ocho votos en contra. Esto confirma el comportamiento artero de la bancada acciopopulista; tesitura que ya no sorprende, tras conocerse que el todavía presidente Castillo habría orquestado un “plan” con cinco legisladores de Acción Popular, a quienes les habría ofrecido obras a cambio de que voten como oficialistas. Esta victoria de los congresistas de oposición obliga a que Pedro Castillo -su abogado y/o ambos- comparezcan próximamente ante la Comisión Permanente del poder Legislativo para absolver las interrogantes que presentarán los parlamentarios; luego de lo cual el caso se elevará al Pleno del Congreso para que resuelva si procede o no acusar constitucionalmente al presidente de la República. Si esto sucede, sería desaforado de la presidencia de la República por traidor a la patria.
Quedan etapas previas a la crucial votación que, de producirse como corresponde, le ahorraría inmensos padecimientos a la nación. Es nocivo mantener en la presidencia a un individuo como Pedro Castillo. No olvidemos sus simpatías por movadef/sendero (ejemplos, sus ministros Béjar, Maraví); su manoseo a los ascensos policiales/militares; sus citas furtivas en el antro Sarratea; los nombramientos de Bruno Pacheco, Daniel Salaverry, Hugo Chávez, etc. Esto, sumado a reveladoras imputaciones de Karelim López, más sus quebrantos constitucionales y legales; su déficit de valores morales; y su ineptitud para gobernar por falta de profesionalismo/erudición, lo desautorizan para gestionar el Estado y confiarle la vida, salud y patrimonio de 32 millones de peruanos. Escojan, señores congresistas: ¡Acusación Constitucional o Vacancia Presidencial!
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