Vacancia presidencial en curso

Sin duda el día de ayer, más allá de que al final de la jornada se logren o no los 87 votos (cierro este artículo cuando aún no se inicia el debate congresal) necesarios para declarar la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República, según dispone el Art. 89-A del Reglamento del Congreso de la República, queda como un hito en la vida política del país.

En primer lugar se trata de un hecho insólito pues se trata de la aplicación de una normativa constitucional y legal, para un presidente de la República, Pedro Castillo, que recién cumple ocho meses en su gestión pero que desde el primer día de ella se ha visto envuelto en una serie de hechos y situaciones sin duda irregulares, bochornosos y demostrativos de corrupción en la función.

P. Castillo se presentó a la sesión e hizo uso de la palabra por alrededor de 20 minutos. Dijo que la moción de vacancia se sustentaba en una mera recopilación de informes periodísticos y en hechos que aún no han sido juzgados, como si no fuera que investigaciones periodísticas aquí y hasta en países desarrollados, no hubieran sido suficientes para terminar de inmediato un mandato presidencial. Recuerdo el caso Watergate.

También arguyó que se trata de hechos de terceros. Olvidando que esos terceros fueron designados directamente por él y son desde familiares, paisanos hasta camaradas.
Contradiciéndose, alegó también ser objeto de doble juzgamiento por los mismos hechos, pues algunos de ellos sustentaron la moción de vacancia presentada en noviembre de 2021. Olvida P. Castillo que aquella moción de vacancia no logró siquiera ser admitida, por lo que carece de todo sentido ese argumento.

En un intento por desairar al Congreso de la República y a los congresistas, acabada su intervención P. Castillo se retiró del hemiciclo, no sin antes vocalizar algunas expresiones en quechua –que no habla– y de pedir que se permita intervenir a su abogado, que debió “asistirlo” y no así sustituirlo, como prevé el citado artículo 89-A.

El largo alegato del abogado defensor, solo abundó en lo dicho por P. Castillo. Sí cabe notar que pretendió que Sarratea es “domicilio particular” y que no es exigible se exhiba registro de visitas. Como si no fuera que a ese inmueble asistían el mandatario en modo disimulo, ministros que decían ir a tratar con él asuntos públicos y proveedores actuales y futuros del Estado, aparte que la entonces PCM Vásquez ofreció presentar dicha lista.

Lamentable e imposible defensa.

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