Venezuela, entre la represión y la diplomacia

Venezuela enfrenta un régimen cada vez más autoritario, sufriendo la carencia de una “libertad como ausencia de opresión”. Pasados dos meses de las elecciones presidenciales de julio, Nicolás Maduro se niega a publicar las actas que avalarían su victoria, intensificando la represión contra la oposición y la sociedad civil. Frente a esta crisis, una diplomacia internacional sin firmeza y dividida parece incapaz de negociar una transición pacífica. La comunidad internacional fragmentada, con países sudamericanos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea denunciando fraude y represión, ha presionado a Maduro sin resultados. Naciones Unidas delegó la mediación de la crisis a Brasil, Colombia y México, países con gobiernos de izquierda que, en teoría, podrían influir, pero cuyos intentos no logran soluciones. Maduro rechaza los llamados, respondiendo con silencio o burlas.
Incluso el rechazo de Venezuela en los BRICS, con el veto de Brasil —contundente mensaje—, enfrentó las protestas de Rusia. Gustavo Petro, quien supuestamente se oponía a reconocer los resultados electorales sin la publicación de actas, parece haber pasado la página, invitando al canciller chavista a la Conferencia sobre la Diversidad Biológica COP16, ofreciéndole incluso tribuna para negar la existencia de presos políticos y atacar a la oposición. Maduro cuenta con el apoyo de gobiernos autocráticos como China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, que reconocen su victoria. Estas alianzas y la participación del régimen en actividades de narcotráfico, tráfico de oro y corrupción complican cualquier esfuerzo por lograr cambios en la política interna.
Una coalición con una estrategia de “contención paciente, firme y vigilante” debería limitar las acciones del régimen, explotando sus debilidades con presión sostenida, aunque las probabilidades de una transición democrática en enero sean desalentadoras. La alternativa viable para Venezuela y la oposición es una coalición internacional coordinada, con una contención al estilo Guerra Fría, limitando el poder del régimen para forzar a Maduro a negociar una transición política en términos favorables. La estrategia debe enfocarse en mantener la atención internacional sobre Venezuela, alentando el descontento y la división en los niveles inferiores de las fuerzas de seguridad, jerarquía militar y policial, estructuras de poder y círculo íntimo.
El endurecimiento de sanciones contra actores clave, aislando al régimen, limitaría los recursos para sostener a sus seguidores. Una coalición internacional, incluyendo a la Unión Europea, firmantes de la Declaración de Santo Domingo y otros países, puede formar un cordón diplomático y legal, creando además un organismo independiente que monitoree y documente los crímenes del régimen, desencadenando acciones punitivas. La Corte Penal Internacional (CPI) debe acelerar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y sus asociados, reduciendo su margen de maniobra, limitando su capacidad de viajar y aumentando la presión para negociar una salida.
La situación venezolana demuestra la capacidad del autoritarismo para sobrevivir frente a una presión internacional débil y fraccionada. La ausencia de posturas claras y unificadas permite a Maduro mantener el control, pese al rechazo popular. La oposición debe fortalecer los lazos con la comunidad internacional, desarrollando nuevas estrategias de presión, fracturando al régimen y obligando a Maduro a iniciar negociaciones. El futuro de Venezuela depende de una presión sostenida y coordinada a nivel internacional. Sin firmeza, Maduro seguirá fortaleciendo su autoritarismo y ganando terreno. El tiempo desvanece la probabilidad de una transición democrática. El momento de actuar es ahora.

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