Venezuela: ¿ofensiva diplomática en la ONU?
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha hecho graves imputaciones al dictador Nicolás Maduro, denunciando a su gobierno por proteger territorialmente a guerrilleros de las FARC y a bandas de narcotraficantes. Esas expresiones no son producto de un exabrupto, sino que responderían a una inteligente estrategia diplomática contra un régimen no sólo dictatorial sino comprometido en repudiables actos de genocidio -existen más de 600 testimonios en la Corte Penal Internacional- y que, además, podría provocar un conflicto bélico entre los dos países.
En este contexto, las autoridades colombianas contarían con pruebas firmes -incluyendo declaraciones de testigos y filmaciones- que expondrán el próximo 23 de septiembre, en la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero, antes de esa fecha, este próximo lunes 9, la alta comisionada de la ONU, Sra. Michelle Bachelet, sustentará ante la Comisión de Derechos Humanos su lapidario informe sobre la visita de tres días que realizó a Venezuela -del 19 al 21 de junio-, donde concluyó que el gobierno chavista es responsable de torturas, atentados contra la libertad de prensa, asesinatos, encarcelamiento y persecución de opositores.
Debatir el explosivo dictamen de la Sra. Bachelet no sólo dejará en evidencia la conducta delincuencial del chavismo, sino que podría concluir en un acuerdo para conformar una “Comisión Internacional de Investigación” y abrir una oficina permanente en Caracas para continuar investigando y haciendo seguimiento a las recomendaciones presentadas por la Sra. Bachelet. Cumplidas esas dos instancias, Colombia podría llevar su denuncia ante el Consejo de Seguridad, demandando la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger (RT), que comprende desde la aplicación de sanciones económicas hasta la autorización de una intervención armada multinacional para desalojar del poder al dictador Maduro.
Agosto y septiembre son, pues dos meses claves para encontrar una salida al pavoroso drama que sufre el pueblo venezolano, que ha obligado a migrar a cinco millones de personas en búsqueda de alimentos y medicinas. Ciertamente, también es una oportunidad para relanzar en Naciones Unidas al Grupo de Lima, que debería hacer suyo el informe de la Sra. Bachelet y respaldar las denuncias de Colombia.
El círculo de la presión diplomática democrática se cerraría exhortando a la Corte Penal Internacional para que envíe fiscales que investiguen las 600 denuncias existentes sobre crímenes de lesa humanidad; es decir, por asesinatos, torturas y encarcelamientos ilegales cometidos por el Gobierno del Socialismo del Siglo XXl. La diplomacia sí puede lograr resultados, antes de pensar en opciones militares, si se actúa con firmeza en defensa de principios y valores universales.
