Verdad y justicia
No sólo en los casos complejos, sino en todas las investigaciones que se realicen para perseguir el delito, por pequeñas que sean, debemos dejar que sean las autoridades pertinentes y competentes quienes hagan su trabajo, se tomen su tiempo y resuelvan con prolijidad y sentido de justicia lo que se tenga que resolver. Esta es una manera democrática y justa de tratar los problemas, confiando en nuestras autoridades, que para eso han asumido funciones y responsabilidades. No es prudente, en consecuencia, adelantar opinión ni juzgar sin pruebas a las personas, ni menos caer en la presión mediática que, al parecer, en estos últimos tiempos, cobra, en ciertos casos, mayor poder que la propia Constitución u otras normas menores, sin el riesgo de caer en el juzgamiento masivo y sin retorno del daño moral que se pueda ocasionar.
Sucede, que por declaraciones del fiscal supremo Pablo Sánchez nos hemos informado que el caso del llamado “Los Cuellos Blancos del Puerto” se habría sobredimensionado, al señalar que se trataba de la más grande y truculenta organización criminal integrada por jueces y fiscales que jamás se haya conocido en el país. Este hecho fue ampliamente publicitado tarde, mañana y noche por cierta prensa que terminó convirtiéndolo en verdad absoluta frente a la opinión pública.
Recientes publicaciones difundidas en algunos medios de información han venido dando cuenta que, al parecer, existieron razones políticas y otras, como el interés de controlar importantes instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Púbico y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, presentando a los referentes como una organización criminal.
El propio fiscal Supremo Sánchez ha precisado: “Es un grupo que se forma, no porque ellos se ponen de acuerdo expresamente, sino que se van haciendo favores entre ellos mismos y van formando una especie de hermandad. No se trata de una organización piramidal, sino de una organización horizontal. La idea era tener el manejo, según hipótesis de trabajo, del aparato judicial en términos indebidos, no en términos legales”, señaló el alto funcionario, para luego precisar que todos los investigados en dicho caso, se encuentran en el mismo piso jerárquico y nadie se encuentra por encima del otro.
La verdad es una sola. Y la verdad habrá de llegar tarde o temprano. Dejemos que sean las autoridades pertinentes, que tienen a su cargo la investigación, quienes se pronuncien, finalmente, qué hubo detrás de todo esto. La única garantía para preservar una convivencia en armonía, dentro de un sistema democrático, es que los órganos que administran justicia y ahora la propia Junta Nacional de Justicia, actúen en plena libertad y sin ninguna presión ya sea de orden político o mediático. Una cosa distinta es la opinión pública que puede exigir condena, aun cuando no disponga de pruebas y otra muy distinta es la opinión serena, reflexiva y rigurosa que emane del magistrado encargado de investigar un caso y emitir su juicio de valor. En este último caso, las pruebas y la corroboración de ellas serán fundamentales para cualquier pronunciamiento, por impopular que pudieren resultar su decisión final. Debe tenerse en cuenta que hay honras que vienen siendo vilipendiadas injustamente, casualmente por la sobredimensión que se dio al tema, de ahí la obligación de las autoridades de actuar con cautela.
PD. Mañana concurramos a votar con capacidad reflexiva, solo de nosotros depende quien debe ocupar una curul, y que su labor tenga como meta el bienestar del Perú.
Juez Supremo
