Vergonzosas penas por violación múltiple en el Perú

El miércoles de la semana anterior, siete depravados violentaron sexualmente a una joven de 19 años con trastornos mentales en el distrito de La Tinguiña (Ica). El infame delito se conocería días después por propia denuncia de la familia de la víctima ante la Policía. El caso que hoy enardece a la opinión pública, sin embargo, ha puesto sobre el tapete varías aristas necesarias de reflexionar:

• La alta permisividad o tolerancia social frente a casos de violencia, máxime de índole sexual. Veamos, en Ica ya se conocía días atrás de la captura de cinco de siete violadores de una joven con discapacidad; sin embargo la noticia no capturó la atención que se hubiese esperado, periodísticamente mereció apenas sucintas notas que se limitaban a mostrar nombres y rostros de los agresores.

La indiferencia frente a un crimen donde concurrieron varios delitos, desde violacion sexual en grupo, víctima doblemente vulnerable (mujer y con discapacidad), chantaje, grabación y publicidad del mismo, encendió en mí todas las alertas, al percibir que el dolor y el grave daño que sufría una joven y su entorno familiar era visto, si se quiere, como moneda corriente o un hecho cuasi común, que mereció que esta columnista lo hiciera de conocimiento desde su cuenta Twitter, red de comunicación masiva, a fin de que la maquinaria del Estado, a través de sus instituciones tutelares, entrasen a tallar en favor de la víctima, ya que sólo era un tema en sede policial.

• Legislación penal en nuestro país indignantemente benigna en cuanto a las penas para sancionar delitos sexuales como el que comentamos, aun cuando se esté frente a un Concurso Real de Delitos (pluralidad de actos criminales por los mismos agentes en diferentes momentos), cuyas penas sumadas no pueden superar el tope de ley de 35 años de cárcel.

Sinceramente un premio, porque el daño físico, psicológico y moral de la victima es irresarcible; por tanto, es imperativo un cambio legislativo que sancione estos delitos con cadena perpetua. La sociedad tiene derecho a protegerse de depravados como estos, que luego de un tiempo saldrán libres presumiblemente a incidir en los mismos delitos. El Congreso de la República tiene esa responsabilidad, esperemos que esté a la altura.

• Inexistente Protocolo de Intervención del Estado en favor de personas con discapacidad victimas de acciones crimínales, indistintamente de su edad.

Hemos visto cómo la victima, paciente psiquiátrica, ha estado vergonzosamente expuesta a cuanto medio de comunicación o persona se le acercaba, formulándosele preguntas sobre el caso, incurriendo en la prohibida revictimización; además, sin el acompañamiento personalizado de psicólogos y asesoramiento legal a su familia, todo lo cual se ha ido revirtiendo bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones, cuya titular Gloria Montenegro se ha desplazado a La Tinguiña (Ica), al cierre de esta columna. Acción que saludamos.