Violación y muerte

El artículo 4to del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) constituye el freno que sigue impidiendo que en el Perú se instaure merecidamente la pena de muerte a los violadores y asesinos de niños y jovenes que cada día nos generan repulsión, horror e impotencia frente a la ola de estos crímenes que parece imposible detener.

El incremento de las penas es un viejo procedimiento teóricamente utilizado como un elemento de disuasión para los delincuentes. En sus clásicos ensayos sobre la pena de muerte, Arthur Koestler y Albert Camus, recuerdan, sin embargo, cómo el establecimiento de la pena de muerte a nivel federal, en todos los estados de Estados Unidos para el delito de secuestro, luego del rapto y asesinato del hijo del famoso aviador Charles Lindbergh en 1932, generó que se duplicaran estos delitos al siguiente año. Pero eran otros tiempos.

La creencia generalizada refleja todo lo contrario en una mezcla de indignación y búsqueda de resarcimiento cuando, como ocurre hoy en el Perú, diariamente aparecen nuevos casos que muestran la crisis de valores de un sistema donde el mal ejemplo y la impunidad se han establecido en el marco de una corrupción sistémica.

El Pacto de San José no es tampoco algo inapelable e inmutable o cuya denuncia signifique, como pretenden los caviares, el aislamiento internacional del Perú: Estados Unidos no lo suscribió precisamente porque, tratándose de un régimen federal, en muchos de sus estados se mantiene la pena de muerte. Pero como es un organismo que han logrado copar, a los caviares no les conviene, de manera alguna, que pierda poder en nuestra Patria.

La ley 38038, que modifica el Código Penal, establece cadena perpetua para los violadores de menores, con lo cual tácitamente contradice un elemento esencial de la teoría de ciertos defensores de los DDHH: que el encarcelamiento no solo tiene como fin penalizar al delincuente sino también prepararlo para su reinserción en la sociedad.

Pero en el Perú, donde las cárceles son escuelas del delito, cerca de un 10 por ciento de los presos están encarcelados por violación y no menos de un 30 por ciento son reincidentes, está claro que nos encontramos en un estado de emergencia que amerita medidas consecuentes con la realidad.

El gobierno peruano, con coraje, debe denunciar el artículo 4 del Pacto de San José y plantear de inmediato la correspondiente reforma constitucional para establecer la pena de muerte para violadores de niños y jovenes hasta 18 años y cadena perpetua por encima de esa edad.
¡Ya es hora de actuar con energía frente a este flagelo!

(*) Presidente de Perú Nación

Presidente del Consejo por la Paz

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