Violencia comunista

Una de las siniestras ventajas que tienen las varias facciones comunistas que se apoderaron del gobierno con Castillo, es que desprecian la vida humana y utilizan la violencia, sin ningún límite, para sus deshonestos fines.

A diferencia de la oposición democrática, que realizó incontables movilizaciones en el último año y medio, todas pacíficas, ellos por el contrario azuzan conscientemente la violencia con la intención de producir muertos y heridos. Mientras más, mejor. Para luego quejarse de la represión, abogar por los derechos humanos de las turbas, y seguir incentivando más revueltas para reclamar por las víctimas de las anteriores, que ellos mismos provocaron.

Hay que reconocer que esa estrategia funciona. Lo hicieron en noviembre de 2020, lograron derribar a Manuel Merino convirtiendo en héroes a dos delincuentes juveniles que probablemente fueron asesinados por los mismos facinerosos que atacaban a la policía, e instalaron en el gobierno a Francisco Sagasti, representante de una pequeña minoría, que facilitó y posibilitó luego que Pedro Castillo se hiciera del gobierno.

Ahora, ferozmente motivados por la añoranza del poder perdido, que les permitía robar a manos llenas y disfrutar impúdicamente de las ventajas de ser autoridades, han desatado una algarrada que no terminará a menos que el gobierno actúe con firmeza.

Uno de los argumentos que usan con descaro es que tienen derecho a la protesta pacífica. Y la realidad muestra que ninguna de las movilizaciones que han promovido, ni una sola, ha estado exenta de violencia.

Han bloqueado carreteras, atacado aeropuertos, quemado comisarías, destruido fábricas, saqueado comercios.

Todas esas acciones tienen como finalidad forzar al gobierno, y a las fuerzas del orden, a responder como lo han hecho. No hay otra manera de frenarlos.

Los llamados que se hacen desde el gobierno y desde los medios de comunicación al diálogo y la paz no tienen –ni van a tener- ningún efecto importante. Los que hacen esas invocaciones no entienden la naturaleza de la coalición que se apoderó del gobierno con Castillo, una amalgama de comunistas –herederos de SL, MRTA y otros- con ilegales e informales. (Ver por ejemplo “La informalidad en Palacio”, 2/6/22, “Informalizando el Estado”, 17/11/22, en Lampadia).

A ellos les importa un comino que los ganaderos de Arequipa tengan que echar la leche a la acequia porque destruyeron la fábrica de Gloria o que los que viven del turismo en el Cusco quiebren o se queden en la miseria.

¿Qué les interesa eso a senderistas como Íber Maraví que ya no podrá seguir mamando de la teta del Estado?

¿O a los mineros ilegales de Chala? ¿O a los cocaleros y narcotraficantes del Vraem? ¿O a los traficantes de tierras que amenazan con la secesión del sur?

Si el gobierno no actúa con firmeza y decisión en los próximos días, deteniendo a los cabecillas y defendiendo a las fuerzas del orden de los ataques de comunistas y caviares, después de fiestas la violencia podría recrudecer otra vez con resultados impredecibles.