Vivimos bajo una dictadura judicial
La dimensión de la descomposición de nuestro Estado es inconmensurable. Allí estriba el origen de la corrupción; fuente del latrocinio que impera en nuestras arcas públicas y causal de la podredumbre del sistema, irónicamente llamado de “Justicia”, imposibilitando que el ciudadano esté protegido por la jurisprudencia que dicta la Constitución. Porque nuestros jueces y fiscales hacen lo que les da la gana desde ese cómodo parnaso de la podredumbre y perversión que financian las ONG corruptas, con dinero del exterior, destinado a imponer sus propuestas y caprichos. Con esto fuerzan a los gobiernos electos por el pueblo a que incumplan sus promesas electorales. Por eso la mayoría de nuestros gobernantes —electos por votación democrática en lo que va del siglo (Toledo, García, Humala, PPK y Castillo), o aquellos designados por el Congreso por vacancia de sus predecesores —Merino, Sagasti y Boluarte— prefieren ignorar la norma elemental de mantener una proporcional y técnicamente preparada burocracia para atender las necesidades de la población. Saben que las ONG acabarán haciendo de las suyas. De allí la ineficacia de nuestro Estado, que tiene una inexperta, supernumeraria burocracia sin formación profesional ni personal para cumplir sus obligaciones. Gente acostumbrada a acatar órdenes de quien le dio el puesto, pero que continuará allí per secula seculorum sacándole la vuelta al contribuyente sin hacer algo útil para Juan Pueblo.
Pero dentro del Estado existe un compartimento llamado Poder Judicial, poblado por burócratas que han sido —y siguen siendo— ideologizados por el universo de ONG que operan en este país. Gente abocada a chantajear al gobernante derivándolo al politizado Poder Judicial si incumple los caprichos de la izquierda caviar: promover el feminismo; proteger el derecho de los transexuales, bisexuales, asexuales; ejercer la defensa de los terroristas, entre un cúmulo de casos relativos, más bien, a lo mismo. Hoy el Poder Judicial (o sistema judicial, pues abarca al Ministerio Público) tiene secuestrado a los otros dos poderes del Estado vía un chantaje jurídico/político. Consecuentemente, poco a poco viene ganando importancia a partir del pánico que infunde al resto de los funcionarios estatales, fiscalizando sus labores con criterio político. Consecuentemente, el control se convierte en amenaza, pues si no satisfacen los caprichos de sujetos como Gustavo Gorriti, acabarán siendo imputados, procesados y/o condenados. Este individuo hoy manda como zar de la Fiscalía y del Poder Judicial; al extremo de llamar por teléfono directamente desde su móvil al fiscal de la Nación. Como ocurriera con Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, a quien Gorriti ordenó suspender la diligencia que venía tramitando un fiscal en su ONG llamada IDL. ¡El infeliz Sánchez llamó inmediatamente a su súbdito, ordenándole retirarse inmediatamente! ¡Y ahí terminó! ¡Estos hechos son nefastos en democracia! Consecuentemente, vivimos en una dictadura judicial teledirigida por los donantes de esos US$6,000 millones que recibirán este año las ONG —incluso desde el Departamento de Estado norteamericano— para ejecutar sus caprichos sometiendo a un gobierno democráticamente elegido por los peruanos, bajo una propuesta electoral que nuevamente quedará en nada.
¡Sin embargo, nadie protesta! ¡Qué país!
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