Vizcarra: tres inhabilitaciones y una historia de abuso del poder

Con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el pasado miércoles 11 de junio la tercera inhabilitación al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por diez años, al haber infringido el artículo 134 de la Constitución disolviendo inconstitucionalmente el Congreso el 30 de septiembre de 2019.
Esta tercera inhabilitación al exmandatario se suma a otras dos inhabilitaciones que ya pesan sobre él. Una de ellas por diez años, debido a su vacunación irregular contra la covid-19 en octubre de 2020 (Caso Vacunagate), y otra por cinco años, vinculada a presuntos conflictos de interés cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (Caso Obrainsa).
El Pleno aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recoge mi Denuncia Constitucional N° 384, la de la congresista Patricia Chirinos y otros colegas, contra Vizcarra, quien pretendió ampararse en la ficticia “denegación fáctica”, figura contraria a nuestra Carta Magna. Con esta decisión, Vizcarra acumula tres inhabilitaciones: Vacunagate, Obrainsa y ahora por atentar contra el orden constitucional.
Esta sanción no solo refuerza su impedimento para ejercer cargos públicos, sino que constituye una nueva victoria en defensa del orden democrático, pues el citado informe fundamenta claramente que la suspensión del procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, sino de una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento.
Cabe destacar que desde que presenté la denuncia en junio de 2023, el proceso ha sido riguroso. Vizcarra ejerció su derecho a la defensa y participó en audiencias públicas. Sin embargo, en la primera votación del 30 de abril no se alcanzaron los votos, y hasta el propio exjefe de Estado intervino en el Pleno reprochando la poca asistencia al debate. Sin embargo, gracias a las dos reconsideraciones presentadas, el citado informe—que fue archivado tras el primer rechazo— recuperó vigencia y volvió al Pleno, logrando esta vez su aprobación definitiva.
Esta sanción ratifica que nadie puede situar sus intereses políticos por encima de la Constitución. La figura de la “denegación fáctica” fue inventada por Vizcarra para justificar un golpe al equilibrio de poderes. Su defensa fue política, más no jurídica, y su intervención en el Pleno solo evidenció su falta de argumentos constitucionales.
Desde el Congreso, hemos actuado con responsabilidad, y esta tercera inhabilitación marca un importante precedente: el poder no puede usarse para manipular instituciones. El Congreso ya lo juzgó y la historia también lo hará.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.