Vizcarra y el affaire Chinchero
Un nuevo escándalo internacional del Perú. Esta vez ante el CIADI (Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales) por el caso Kuntur Wasi, consecuencia de la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, cuando en el año 2014 el gobierno peruano firmó contrato con el consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (Perú) y Corporación América (Argentina), para construir y operar dicho aeropuerto.
El gobierno peruano lo firmó, pero en 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo resolvió unilateralmente, argumentando irregularidades en la estructura financiera del proyecto. Ocurrió al año de asumir la presidencia del Perú Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones un tal Martín Vizcarra. Ambos adoptaron la decisión sin explicar suficientemente sus razones. De inmediato, Kuntur Wasi demandó al Perú ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). En mayo de 2024, el CIADI calificó de arbitraria e injustificada la cancelación del contrato, ordenándole al Perú pagar US$91 millones por indemnización. Pero el gobierno de Dina Boluarte decidió incumplir el pago dentro del plazo establecido, y el ocho de abril pasado un tribunal norteamericano declaró al Perú en rebeldía, habilitando a Kuntur Wasi a ejecutar embargos sobre activos de nuestro país en el extranjero para recuperar la compensación.
Semejante falta ante un fallo internacional ha puesto nuevamente en duda la reputación del Perú en el ámbito mundial como país serio, cumplidor de compromisos ante la comunidad internacional. Primero, porque tanto el origen del asunto —la resolución unilateral del contrato— como el desacato al fallo del CIADI suponen falta grave en el mundo Occidental, reflejando tanto riesgos en la gestión de contratos de inversión como falta de voluntad por parte del Perú para resolver algo fundamental para captar inversiones internacionales; como es acatar los fallos que recaen sobre disputas internacionales motivadas por incumplir compromisos legales, pues aquello nos califica como faltosos.
Concretamente, Kuntur Wasi presentó una demanda ante el CIADI alegando cancelación arbitraria e injustificada del contrato. En mayo de 2024 el CIADI falló a favor de Kuntur Wasi, ordenando al Perú pagarle US$91 millones en compensación. Perú incumplió con el pago dentro del plazo establecido; y esto motivó que un tribunal de justicia en EE. UU. declare al Perú en rebeldía el 8 de abril de 2025 y habilite a Kuntur Wasi para ejecutar embargos sobre activos del Estado peruano en el exterior, a efectos de recuperar su compensación, desatándose un nefasto debate sobre la reputación del Perú en el ámbito internacional.
Apostilla. El cuestionado Vizcarra renunció al cargo de ministro de Transportes en mayo de 2017. Su salida vino después de que el Congreso cuestionara la adenda del contrato y la Contraloría señalara probables irregularidades en el financiamiento del proyecto. Tras su renuncia, Vizcarra fue designado embajador de Perú en Canadá, como estrategia de Kuczynski para alejarlo de la crisis política generada por aquel escándalo. Aunque, cuándo no, el infame Vizcarra aprovechó su nombramiento —pagado por el Estado— para consolidar la vacancia de Kuczynski y ocupar la presidencia del país.
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