Voto de confianza por la institucionalidad democrática

El pasado 10 de enero, el gabinete Otárola obtuvo el voto de confianza en el Parlamento, a pesar de las críticas de las bancadas de izquierda, quienes exigen su renuncia por los civiles fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas. Ese mismo día, varias horas antes, por la madrugada, un policía fue asesinado y quemado por una turba.

Los niveles de violencia han llegado a un punto álgido, principalmente en los asaltos a infraestructura vital del Estado, como son los aeropuertos; estrategia concreta que se viene repitiendo en distintos departamentos.

Se está movilizando a comunidades enteras, quienes repiten una narrativa similar sobre los acontecimientos del golpe de Estado de Castillo, donde él es la víctima, y las demás instituciones son los enemigos; un discurso que Castillo y sus aliados se encargaron de propagar cada vez que podían, fomentando la polarización del país.

Luego de varios días de demandas desorganizadas, los manifestantes han empezado a articularlas a ciertos puntos concretos, principalmente la renuncia de Boluarte, la elección de una nueva mesa directiva del Congreso, y la convocatoria a elecciones en pocos meses.

Si bien muchos pueden estar de acuerdo con estas demandas, el hecho concreto es que, además de plantear una exigencia que rompería con el orden constitucional, la negativa de aceptar a la actual mesa directiva del Congreso la convierte en una exigencia muy específica, por lo que se puede asumir que, quienes dirigen las protestas, no pararían de utilizar la violencia hasta poner en la presidencia a alguien en particular, algo que claramente atenta contra la democracia y vulnera el Estado de derecho.

Esto nos pone en un escenario complejo, en el cual ceder ante la presión violenta de intereses políticos concretos puede llevarnos a un círculo vicioso de imposiciones políticas por la fuerza, algo que claramente destruiría la institucionalidad democrática peruana.

Desde un punto de vista teórico, el Congreso, al respaldar políticamente al gobierno de Boluarte, está generando una respuesta desde la institucionalidad democrática, pues implica una defensa a sus propios cimientos y, por lo tanto, a la seguridad nacional. Los niveles de violencia, la organización y el financiamiento de las protestas, son los principales puntos de preocupación.
Existe la presunción de que actividades ilícitas están financiando las protestas, pues varios días de paro tienen un impacto económico importante en quienes protestan, y también por la gran cantidad de insumos y logística que se vienen utilizando por el lado de los manifestantes, como modernas camionetas y autobuses.

La presunta injerencia extranjera es otro problema que afrontar, y otorga a la actual crisis un matiz geopolítico que el Estado, como sistema y estructura, también asume. El impedimento de ingreso al país a Evo Morales es una muestra de eso.

A pesar de las complicaciones que afronta el gobierno de Boluarte, dado que los riesgos para el sistema democrático son mayores, la institucionalidad democrática (mientras la respete), que está representada políticamente en el Parlamento, muy probablemente seguirá respaldando a su gobierno, algo que parece traer cierta confianza en la economía, que, a pesar de los hechos de violencia, no ha entrado en crisis.

Se puede esperar un mes complicado para el Gobierno, con una posible reducción de las manifestaciones para el mes de febrero, cuando las lluvias empeoran en la sierra peruana, empiezan los carnavales y, en Puno, se inicia la fiesta de la Virgen de la Candelaria.

A esto se suma que, según la actual ley electoral, los candidatos deben estar inscritos en los partidos con los que postularán por lo menos un año antes de la elección, por lo que antes de abril ya habrá empezado la reorganización política de los partidos, lo que también podría dificultar la articulación de la protesta.

Estas circunstancias pueden haber fomentado la radicalización de las movilizaciones, al dejar a sus dirigentes con poco tiempo para lograr sus objetivos políticos.

Queda esperar la respuesta del Ejecutivo, que debe ser capaz de mantener el respaldo político en el Parlamento, tender los puentes de diálogo con los manifestantes, identificar a quienes generan violencia y restablecer el orden y la paz social.