Washington venía alejándose peligrosamente de Latinoamérica
La decisión del presidente norteamericano Donald Trump —y del Secretario de Estado, Marco Rubio— de reabrir casos emblemáticos de corrupción —como el de Odebrecht— no solamente reviste implicancias judiciales, sino que configura una estrategia política con múltiples efectos positivos, tanto regionales como internacionales. La grave situación de atraso por la que atraviesa Latinoamérica es una bomba de relojería próxima a explotar.
Empezando por la iniciativa que analizamos en nuestro comentario de ayer, respecto a que el Departamento de Justicia norteamericano reabrirá el affaire Odebrecht por orden de Marco Rubio, como Secretario de Estado de la administración Trump, apuntando a posicionar a Estados Unidos como árbitro moral en América Latina. Los escándalos de corrupción que ha soportado Latinoamérica —durante esta última década— han sido, sin la menor de las dudas, esperpénticos y corrosivos para la tan necesaria democracia en la región. Esta iniciativa de fortalecer la imagen de liderazgo de Washington aparentemente iría dirigida, justamente, a reconfigurar la confianza en un Washington que ha estado muy ausente durante las últimas dos décadas.
Aquello incluye restaurar la ley como fundamento de la democracia, luego de un período de total desinterés por ella en toda nuestra región. La estrategia del gobierno Trump para recuperar la confianza política de Latinoamérica —demasiado venida a menos desde ese nulo interés que mostró por ella la desacertada gestión de Joe Biden— se evidencia muy claramente en la descomunal crisis sociopolítica en que vivimos los sudamericanos hace mucho tiempo, donde el comunismo ha venido ganando espacio de manera alarmante, basado en la ausencia casi total de Washington como otrora líder continental. La pérdida de oportunidades decisivas —como la que ha sufrido EE. UU. en Latinoamérica— es sin duda colosal, cediéndole espacio gratuitamente a China, como al viejo comunismo estalinista. Hoy al menos siete países latinoamericanos están gobernados por el comunismo: Cuba, Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia. ¡Sin olvidar que en un momento también lo estuvo Perú! ¡Y al Tío Sam esto pareciera no interesarle! Lo mismo que haber perdido la oportunidad de participar en la operación del estratégico puerto Chancay; sin perjuicio de mostrar desinterés en formar parte de aquella inversión en otros dos puertos estratégicos en nuestra costa, como Corio en Arequipa y Marcona en Ica.
Por cierto, cada vez es más clara la vinculación de los gobiernos progresistas sudacas con la miseria, con la corrupción y el atraso. ¡Los casos de Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua, México y Perú resultan incontrastables! ¡Sin embargo, Washington ha permitido que este estigma alcance ribetes peligrosos; inclusive irreversibles, sin prestar la menor atención!
EE. UU. debería recuperar espacio reactivando las investigaciones de casos emblemáticos como Odebrecht —ligado asimismo a EE. UU.—, apelando a fiscalizar el lavado de dinero en bancos norteamericanos a través de procesos contra exfuncionarios y/o empresarios locales —y conocidos narcotraficantes— que, de una o de otra manera, operan a través de la banca norteamericana. El enfoque judicial podría reconvertirse en una herramienta de presión diplomática, donde la lucha contra la corrupción se entrelaza con la geopolítica hemisférica.
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