¿Y ahora, quién podrá defenderlos?

Es hora de hablar claro. En el Estado hay trabajadores que lo dan todo… y no tienen ni derechos básicos. ¿Has oído hablar de los locadores de servicios o del régimen CAS?
En el Perú, decenas de miles de personas trabajan en ministerios, municipios, hospitales… Pero muchos de ellos no tienen contrato estable. No tienen CTS. No tienen gratificación. No tienen vacaciones pagadas.
Si eres locador de servicios, legalmente ni siquiera eres un trabajador. Te pagan por recibo por honorarios. Puedes estar 10 años trabajando en la misma institución, en el mismo horario, en la misma oficina… y el Estado, un buen día, decide no renovarte y te deja en la calle sin beneficio alguno.
Si estás bajo el régimen CAS, tienes contrato y sueldo fijo, pero:
– No accedes a la Ley de Carrera Pública.
– Tienes menos protección que un empleado bajo el régimen 728 o 276.
– Muchos contratos se renuevan cada 3 o 6 meses, sin estabilidad.
Y mientras tanto… sigues cargando el peso del Estado en la espalda.
Estos trabajadores son técnicos, médicos, abogados, asistentes… Muchos con años de experiencia. Pero sin derechos.
Mejorar la condición laboral de los locadores de servicios y gran parte de los trabajadores CAS en el Estado requiere un enfoque equilibrado que garantice sus derechos sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.
Una de las estrategias efectivas podría ser la implementación de un sistema de regularización gradual que permita a estos trabajadores acceder a beneficios básicos sin necesidad de convertirlos en empleados permanentes de inmediato. Esto incluiría el acceso a seguros de salud, vacaciones y un régimen de pensiones, financiados a través de aportes proporcionales según la duración y el monto de sus contratos.
Otra medida podría ser la creación de un fondo de estabilización laboral específico para trabajadores CAS y locadores de servicios. Este fondo podría ser alimentado por un porcentaje de los contratos otorgados a estos trabajadores, de manera que se genere un capital destinado a cubrir beneficios sociales y prestaciones.
De esta manera, se podría ofrecer una red de seguridad que no solo mejore sus condiciones, sino que también incentive su permanencia en el trabajo, reduciendo la rotación y aumentando la eficiencia en la administración pública.
Por último, fomentar la capacitación y el desarrollo profesional de estos trabajadores puede ser una estrategia clave. Al invertir en su formación, se puede aumentar su productividad y, a su vez, permitir que accedan a mejores oportunidades laborales en el futuro.
Esto no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también podría resultar en un ahorro para el Estado a largo plazo, ya que una fuerza laboral más capacitada puede reducir costos operativos y mejorar la calidad de los servicios públicos.

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