Ya camina la confrontación
En la primera vuelta electoral no “se vislumbraba” una confrontación. Fueron momentos de ilusiones y promesas de 18 candidatos. Con el resultado se oteó una confrontación entre los “finalistas”, no obstante que de los 25´287,954 de ciudadanos hábiles para votar, por Pedro Castillo no votaron 16´451,574 y por Keiko Fujimori no votaron 16´495,837 y de los 18´856,802 que sí votaron, por Castillo no votó 10´020.422 y por Fujimori: 10´064.685. El resultado: Castillo 8’835,579 de votos = 50.125% y Fujimori 8’791,521 de votos = 49.875%. La diferencia entre ambos es 44,058 votos = 0.25%. Están casi mitad y mitad.
La confrontación es nítida. Se traslada al Congreso de la República. La juramentación del electo Presidente, el contenido de sus discursos y la conformación de su Gabinete Ministerial están determinado la contradicción política que puede ser inevitable. Cada “parte” impulsara sus acciones a desaparecer a la otra utilizando un ardid “legal” probablemente recurriendo a la Constitución vigente. Podría haber la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Depende como actúen. En las calles podrían producirse enfrentamientos. Resultado: descomposición política, crisis económica, mayor devaluación monetaria, encarecimiento de alimentos, pobreza, inseguridad ciudadana, etc.
En tanto, permanecerán insolubles los problemas nacionales. Difícilmente se consolidará la economía nacional, seguirá la fuga de capitales, habrá falta de nuevas inversiones y carencia de progreso de los centros de trabajo y de ofertas de empleo, la administración pública y de justicia seguirán ineficientes y podría haber inestabilidad en el trabajo del gobernante. No bastará que él “viaje” de una provincia a otra sino va a resolver sus problemas. El “repartir” dinero para ser “popular” determinará una inflación con el consiguiente desequilibrio económico del país. Ante ello “crecerán” los entes opositores y bullicio propagandístico. La única forma de evitarlo es que legisle para consolidar el crecimiento productivo de bienes y servicios eficientes que permitan fortalecer el erario del Estado para posibilitar la mejora y eficaces servicios públicos y la realización de obras públicas necesarias e importantes para el desarrollo de las actividades productivas, tanto del Estado como de la actividad privada , creando fuentes de trabajo a nivel nacional sobre todo en las regiones que requieren superar la pobreza.
Hacerlo no impedirá que políticamente se adopten medidas de cambio necesarias para el desarrollo del país o debatir sobre la vigencia de la actual constitución respetándose los pedidos populares y fortaleciéndose sus instituciones para su defensa.
El pueblo tiene la palabra final.
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