Ya existe «pena de muerte» en el Perú

La pena de muerte es un tema controvertido que ha mantenido su relevancia en los debates públicos en el Perú y otros países a lo largo de décadas. Mientras algunos defienden su necesidad para combatir el crimen, otros la consideran una violación de los derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, ha pasado inadvertida una suerte de “pena de muerte informal”, en manos de bandas criminales y sicarios que matan sin piedad. Esto nos obliga a que, en lugar de limitarnos a quejas, decidamos de manera imperativa que formas hay para contrarrestar esa “justicia mafiosa” que se perpetra todos los días.

A pesar de la abolición oficial de la pena de muerte en 1979 en el Perú, ahora vemos una variante clandestina de este castigo. Bandas criminales, con un control significativo en comunidades y regiones, asumen roles de fiscales, jueces y verdugos. Estas organizaciones determinan quién vive y quién muere. Empresarios, emprendedores, policías e incluso deudores de usureros son asesinados de manera cruel.

La existencia de esta pena de muerte mafiosa plantea dilemas morales y éticos. Algunos argumentan que en parte es culpa de un sistema de justicia ineficaz y corrupto. No están lejos de la verdad.

Nadie ha reparado en que estas muertes son ejecuciones sumarias y reales violaciones a los derechos humanos ignoradas por adefesios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En lugar de resignarnos ante esta “justicia mafiosa”, es crucial considerar cómo abordar este problema. Primordialmente, se debe fortalecer el sistema de justicia oficial en el Perú, erradicando la corrupción dentro de las instituciones judiciales y asegurando que todos los ciudadanos gocen de acceso a juicios justos.

Además, la sociedad peruana debe denunciar los despropósitos de instituciones como la CIDH y las ONG que la financian parcialmente y que han pervertido sus fines para convertirse en defensoras de los pseudoderechos de los delincuentes, criminales y terroristas. Esto no implica dejar de preocuparnos por las causas subyacentes del crimen organizado, como la pobreza, la falta de oportunidades y la escasa educación.

Es por ello que ha llegado, tal vez, el momento de ver las opciones de reinstaurar la pena de muerte oficial, sin dejar de centrar la atención en combatir la corrupción y abordar las raíces del crimen organizado.A

hora hay un nuevo canciller, Javier González-Olaechea, quien no ha dudado en criticar y rechazar a la CIDH y todo lo que ella implica.

Ese organismo tiene su sede en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, que no es un país miembro de la CIDH y, por lo tanto, no está sometido a su jurisdicción. Sin embargo, nuestros izquierdistas criollos recurren a esta instancia, litigan y obtienen fallos favorables en detrimento del Estado peruano que somos todos los contribuyentes.
Terroristas y delincuentes abatidos han recurrido a esta cuestionada instancia judicial pero sus víctimas no merecen la atención de sus magistrados politizados y parcializados con ideologías de izquierdistas o de esa aberración que se denomina progresismo

Lo único que resta es la definición de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien por mandato constitucional dirige la política exterior del Perú. No tengo mayores expectativas sobre este tema, pero la esperanza de un giro audaz siempre está presente. El Perú está primero antes que las ideologías que solo traen muerte, miseria y enfrentamiento entre los pueblos.

Como yo digo siempre lo que pienso, con el perdón de los adefesios, debo concluir que la CIDH termina siendo útil solo para terroristas y delincuentes y no para quienes defienden la democracia y la justicia.

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