Ya se dijo, todo apunta a fraude electoral en 2021

Vemos en estos días cómo del lado mismo de los “ganadores formales” de las elecciones presidenciales del año 2021, se acumulan elementos que abonan en favor de las denuncias ciudadanas respecto de un evidente fraude electoral.

Dicho fraude significó sembrar como autoridades de las mesas electorales a militantes de grupos de extrema izquierda, valiéndose de suplantación de la identidad de quienes habían sido sorteados oficialmente o atribuyéndoles demora en presentarse. También mediante la intrusión de falsos personeros de Fuerza Popular “acreditados” con credenciales apócrifas. Hasta se usaron grupos violentistas para amedrentar y evitar que reales personeros de

Fuerza Popular y hasta electores pudieran acceder a las mesas electorales. Todo ello sumado a listas de electores de mesa contaminadas con personas fallecidas, menores de edad, falsos electores, etc.

Con ello, al momento del escrutinio se burló la voluntad ciudadana expresada haciéndose constar resultados incluso imposibles a favor del candidato de extrema izquierda (muchas veces evidente solo comparando los resultados de la primera vuelta en que las organizaciones políticas participantes eran numerosas y no solo las dos de la segunda vuelta). Ocurrió también la sustitución de actas electorales (lo que exige auditar si se hicieron dobles juegos de material electoral) con escritura idéntica, detectable a simple vista, de un confín a otro del país. ¡Qué tal coincidencia, ¿no?!

Como ”garantía” de que esto no se pudiera enervar mediante impugnaciones de acta y pericias sustentatorias ¡más casualidad! se negó el acceso a las listas de electores de mesa, que debe contener firma y huella digital de los votantes, cambiando el criterio de anteriores procesos electorales. Responsable: un JNE incompleto (por frustrada designación de uno de sus cinco miembros, el correspondiente al Colegio de Abogados de Lima, que debe ser también investigada y con uno “elegido” con irregularidad no detectada en su momento, representando indebidamente a las facultades de Derecho de la universidades públicas) Con solo tres miembros legítimos de cinco, el presidente de ese organismo, valiéndose del usurpador como incondicional y usando su voto dirimente, tuvo control total de las decisiones.

Ya sabemos del acoso fiscal a centenares de personas que apoyaron las impugnaciones de acta. Por lo pronto ese acoso debe cesar. Y si se concluye en el fraude correspondería restituir a Keiko Fujimori los cinco años de presidenta a partir de julio de 2024 hasta julio de 2029. El Congreso de la República elegido en 2021 deberá cesar en julio 2026 y ser reemplazado por un nuevo Congreso con período recortado válido hasta julio de 2029.

¡Pragmatismo!

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