Hermanos Aspíllaga Anderson: “Estado vendió terrenos de nuestra propiedad”
Acusan al Estado peruano de haber vendido terrenos que, según ellos, pertenecen a su familia desde hace más de ocho décadas. José Antonio Aspíllaga, director general de Aspíllaga Anderson Hermanos, sostiene que se están vulnerando sus derechos de propiedad.
La historia del conflicto entre los hermanos Aspíllaga Anderson y Agrícola Cerro Prieto (ACP) es un reflejo de las complejidades y desafíos que enfrenta el Perú en la gestión de la propiedad agraria, especialmente cuando están en juego intereses económicos de gran envergadura. En este contexto, el diario EXPRESO recogió la versión de la otra parte y, por ello, conversó con José Antonio Aspíllaga, director general de Aspíllaga Anderson Hermanos (AAH), quien acusa al Estado peruano de haber vendido terrenos que, según él, pertenecen a su familia desde 1941.
Según José Antonio Aspíllaga, el conflicto con Agrícola Cerro Prieto no se centra en un problema de aguas ni en una supuesta intención de quitar tierras a dicha empresa. Él sostiene que ACP ha estado ocupando ilegalmente terrenos de propiedad de su familia durante los últimos diez años, en particular, los últimos cinco. “Estos terrenos no están incluidos en el área de servidumbre que ACP ya posee ni en las 5,500 hectáreas que el Estado les otorgó legalmente. ACP ha construido diez reservorios en estos terrenos, una inversión significativa que se realizó sin nuestro consentimiento”, asegura Aspíllaga.
Aspíllaga argumenta que ACP está tratando de desviar la atención del problema central con reclamos infundados. Según él, ACP pretende que el Tribunal Constitucional (TC) les otorgue, de manera inconstitucional, 2,800 hectáreas adicionales por adyacencia. “Esta demanda carece de fundamento técnico y legal, ya que las 85 hectáreas de servidumbre ya fueron debidamente otorgadas y delimitadas por peritajes técnicos del Ministerio de Agricultura y el Colegio de Ingenieros del Perú”, sostiene Aspíllaga.
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Asimismo, sostiene que ACP está ocupando actualmente unas 180 hectáreas de terrenos que pertenecen a su familia y que, a pesar de reconocer la propiedad de Aspíllaga Anderson Hermanos, ACP busca que el TC expropie estas tierras.
“La Constitución del Perú establece limitaciones claras a la expropiación: esta solo puede llevarse a cabo mediante ley, con justificación de interés público y pago del justiprecio. ACP está intentando manipular el sistema legal para obtener tierras que no les pertenecen”, afirma Aspíllaga, y añade que “utilizan recursos públicos que deberían destinarse a proyectos de mayor necesidad, como hospitales, carreteras y puentes”.
Fallos en contra
Con conocimiento del tema, el diario EXPRESO recordó que el Tribunal Constitucional ha fallado varias veces a favor de Agrícola Cerro Prieto. Sin embargo, Aspíllaga aclara que estas decisiones no se referían a la devolución de terrenos a su familia, ya que, según él, estos siempre han sido de su propiedad desde 1941. Aspíllaga explica que el primer fallo del TC, en 2009, simplemente reconoció la propiedad continua de AAH, rectificando una situación registral irregular en la que el Estado había vendido terrenos que ya pertenecían a la familia. “Después de varios años de litigio, el TC falló a nuestro favor, levantando las inscripciones que afectaban nuestra propiedad”, declara Aspíllaga.
En 1990, se inscribió un título a nombre del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña - PEJEZA sobre la propiedad de los hermanos Aspíllaga. “Esto fue una maniobra para camuflar la situación registral. Después de varios años de litigio, el TC falló a nuestro favor, levantando las inscripciones que afectaban nuestra propiedad”, explica Aspíllaga, subrayando que esta situación demuestra la inviolabilidad de la propiedad en el Perú, como lo establece la Constitución.
Aspíllaga también critica la estrategia de ACP de interponer un amparo contra el amparo presentado por AAH, algo que nunca había ocurrido en la legislación peruana. “A pesar de la complejidad del caso, el TC finalmente confirmó la legitimidad de nuestra propiedad. Sin embargo, ACP sigue intentando obtener tierras adicionales mediante expropiaciones inconstitucionales”, añade Aspíllaga.
Duplicación de partidas
Según el entrevistado, uno de los aspectos más controvertidos de este conflicto es la licitación de tierras realizada por el Estado en el año 2000, a través de Proinversión. Aspíllaga sostiene que esta licitación incluyó terrenos que ya pertenecían a su familia, debido a una duplicidad de partidas registrales en Chiclayo y La Libertad. “Descubrimos esta situación cuando solicitamos un estudio al Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) para identificar a los invasores de nuestros terrenos. Fue entonces cuando se reveló que el Estado había inscrito estos terrenos a nombre de INADE y el proyecto Pejeza, generando un conflicto de titularidad”, explica Aspíllaga.
La resolución del TC en 2009 reconoció la propiedad legítima de AAH sobre estos terrenos, pero la situación actual sigue siendo paradójica. A pesar de que el Estado transfirió 5,494 hectáreas a ACP, AAH sigue siendo titular de esos terrenos según el registro público. Aspíllaga enfatiza que, según la ley, la expropiación solo se concreta cuando el Estado paga el justiprecio, algo que no ha ocurrido en este caso. “Además, la Constitución exige que este pago se realice en efectivo, lo que, hasta donde sabemos, no se ha cumplido”, subraya.
Empresa quebrada
Otro de los cuestionamientos que se realizó fue que Aspíllaga Anderson Hermanos es una empresa quebrada, cerrada desde hace décadas. Al respecto, Aspíllaga rechaza categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de infundios. “La empresa inició un proceso de quiebra en la década de 1970, durante la dictadura de Velasco, como una estrategia del Estado para no pagar los bonos emitidos a nuestro favor. Sin embargo, este proceso nunca se completó, y la empresa continuó operando”, aclara.
Aspíllaga destaca que la empresa nunca fue liquidada ni sus activos vendidos, lo que refuta la idea de que AAH es una entidad fantasma. “A pesar de las dificultades económicas y políticas del Perú en las últimas décadas, hemos mantenido nuestra titularidad sobre los terrenos en cuestión y ahora buscamos desarrollarlos, tal como lo ha hecho ACP con las tierras que posee”, comenta Aspíllaga.
El vocero acusa a ACP de haber invertido en la construcción de diez reservorios en terrenos que no les pertenecen, sin haber consultado ni negociado con AAH. “ACP debería haber buscado otras alternativas, como construir estos reservorios en sus propias tierras o adquirir terrenos adicionales al Estado. En lugar de eso, optaron por invadir nuestros terrenos”, denuncia.
Para Aspíllaga, esta situación es un claro ejemplo de cómo ACP está tratando de obtener tierras de manera ilegal y gratuita, utilizando recursos del Estado. “ACP debería haber negociado con nosotros desde el principio, explorando posibilidades de asociación o inversión conjunta. Sin embargo, en lugar de eso, han intentado apropiarse de tierras a través de maniobras legales y expropiaciones inconstitucionales”, afirma Aspíllaga.
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Finalmente, José Antonio Aspíllaga sostiene que su familia ha sido víctima de una serie de maniobras legales y administrativas que han puesto en peligro su propiedad legítima. “A pesar de las resoluciones favorables del Tribunal Constitucional, el conflicto continúa, con ACP buscando obtener más tierras mediante expropiaciones que consideramos inconstitucionales”, concluye.
Complejo Cayaltí
Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. asegura que era propietaria del Complejo Agroindustrial Cayaltí, conformado por los fundos Cayaltí (desde 1929), La Otra Banda (desde 1941), Chumbenique (desde 1929) y Santa María, los cuales totalizaban una extensión aproximada de 55,000 hectáreas en el norte del país.
Registros públicos
El vocero de Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. afirma que la inscripción de AAH se mantenía vigente en los Registros Públicos, que no había sido liquidada ni disuelta, ni existían documentos ni expedientes judiciales que acreditaran la supuesta quiebra declarada por el Estado, por lo que AAH procedió a adecuarse a la nueva Ley General de Sociedades.
Advertencia
El abogado Enrique Ghersi advierte que, si el Tribunal Constitucional le diera la razón a la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos (AAH),
se sentaría un nefasto precedente que pondría en riesgo proyectos como Majes Siguas, Chinecas, Olmos o Chavimochic. “Pueden aparecer personas aduciendo tener títulos ancestrales y reclamar propiedad de tierras de hace 70 o 100 años”, comentó. Recordó que varios fallos del TC ya le han dado la razón a Agrícola Cerro Prieto, pero AAH insiste en demandas sin sustento.
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