Hay que acabar con el monopolio de la acción penal por parte de la Fiscalía y entregar al pueblo la elección de jueces y fiscales y participar en los jurados.
Las recientes modificaciones en la legislación penal y procesal fueron presentadas como esfuerzos por mejorar la lucha contra la delincuencia, pero su impacto real y sus intenciones políticas ocasionan dudas.
Mientras el sistema judicial enfrenta una creciente demanda por la delincuencia común, exfuncionarios disfrutan de una sede exclusiva en Barbadillo, equipada con la más alta tecnología.
La politización e ideologización de la justicia, en especial de la Fiscalía, los actos de la JNJ y las continuas contiendas de competencia, es lo primero a corregir en el nuevo gobierno.
