Alejandro Muñante

El Congreso de la República cierra el año 2022 con la aprobación de importantes leyes de trascendencia e interés nacional.

Voté a favor del adelanto de elecciones y lo volvería a hacer, no porque crea que es la mejor salida a la crisis, sino porque constituye una respuesta rápida y salomónica que frena la narrativa subversiva propalada por violentistas que se escudan en nuestra permanencia para encender los ánimos y anidarse cada vez más en nuestro país.

El Congreso ha acordado ayer jueves ampliar la legislatura hasta el 28 de febrero de 2023, precisamente porque hay amplio consenso en debatir el proyecto de ley de adelanto de elecciones, sin afectar la reforma constitucional primero; ya que no podemos pasar por encima de la Constitución.

Como lo habíamos venido diciendo: no podía haber tregua posible sin antes el respeto debido a la Constitución. El señor Castillo aceleró su salida con un mensaje a la nación que decretaba, entre otros, el cierre inconstitucional del Congreso el día miércoles 07 de diciembre, “Día D”, en el que precisamente el Poder Legislativo se alistaba a debatir su vacancia.

El Poder Ejecutivo ha incurrido en una abierta violación constitucional cuando interpreta en el Acta del Consejo de Ministros, una negación de confianza, adoptando atributos de un “régimen de facto”. Lo mejor que pueden hacer las Fuerzas Armadas del Estado es rechazar ser súbditos del gobierno de turno; pues su subordinación ha de ser solo a la Constitución.

El 21 de noviembre, los miembros Mesa Directiva del Congreso de la República nos reunimos con los integrantes de la Alta Comisión de la OEA, enviada para “analizar la situación política del Perú”. A pedido de la propia comisión la reunión no se transmitió en directo; sin embargo, esto no fue impedimento para defender nuestra democracia, derribando uno a uno, los mitos de Palacio.

El miércoles 16 de noviembre, con el voto de 12 valientes congresistas contra 2, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso truncamos el avance del Proyecto de Ley 954/2021-CR que pretendía despenalizar el aborto. Con esta imponente votación se envió esta iniciativa inconstitucional e inmoral al archivo.

El pasado sábado 5 de noviembre, gran parte de la ciudadanía a nivel nacional hizo uso de su derecho legítimo a la protesta para manifestarse pacíficamente contra este gobierno, llamando a la reacción de los peruanos ante el aumento de indicios de corrupción que involucran a Castillo, y a su entorno cercano.

¿Merino fue un presidente ilegítimo y Sagasti no? Esto es lo que dejan entrever los defensores del gobierno morado, cuando perfilan sus ataques hacia el excongresista acciopopulista. Lo concreto es que ambos fueron encargados de la presidencia de la República en su calidad de presidentes del Congreso. Por afirmar ello, el excongresista morado se picó.

El pasado 19 de octubre, el presidente Castillo brindó un mensaje a la nación para comunicar que ha solicitado a la OEA, la activación de la Carta Democrática, instrumento que le serviría para evitar lo que él califica como una “grave alteración al orden democrático en el Perú”.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de su función constitucional de persecución del delito, dio a conocer el 11 de octubre la presentación de una Denuncia Constitucional contra el presidente Pedro Castillo, en que también están inmersos los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda), todos acusados de per

Enorme revuelo causó para los detractores de la verdad, un camión en el Congreso que sostenía el mensaje: “OEA: A la mujer la define la biología, no la ideología”. Y es que, en tiempos de engaño, la verdad ofende, estorba y es falazmente considerada “discurso de odio”.

Por definición, la democracia es el sistema político del gobierno de los ciudadanos a través de la soberanía popular. El pueblo ejerce soberanía de manera directa o a través de sus representantes.

¿Cuánto les importa a los ciudadanos hablar de política en familia?

El 16 de junio de 2005 fue publicada la Ley N° 28542 “Ley de Fortalecimiento de la Familia”, fruto del trabajo legislativo de dos Comisiones Ordinarias del Congreso: por un lado, la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad; y del otro, la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, y fue aprobada por el Congreso de la República sin ningún voto en contra.

Hace tiempo, vengo sosteniendo que apoyar un adelanto de elecciones al estilo caviar, sin priorizar reformas políticas y bajo la cobertura de los mismos directores de un sistema electoral cuestionado, es un acto pleno de sometimiento, sea quien sea, líder o partido político. Un adelanto de elecciones no garantiza que la gestión del próximo gobierno sea mejor a la gestión actual de Castillo.

El pasado 7 de agosto, el ministro de Salud declaró en un medio de comunicación que los padres de familia debían firmar autorización de vacunación de sus hijos para supuestamente evitar (el inminente daño) de que terminaran en una cama UCI.

Si hay una materia pendiente de reforzar en este nuevo año legislativo es sin duda, con prioridad, la defensa irrestricta de nuestro fuero parlamentario ante cualquier amenaza o maniobra política inconstitucional venga de donde venga. Es por eso importante resaltar que el Congreso es la primera asamblea de la nación, la que representa nuestras voces, la que salvaguarda la democracia.