Fernando Rospigliosi

En las últimas sesiones del Congreso se aprobaron algunas normas importantes y, lamentablemente, no se pudo sancionar otras que eran necesarias.

Algunos hechos recientes muestran el nivel de degradación al que ha llegado la Policía Nacional del Perú (PNP). El suboficial Darwin Condori presuntamente se suicidó después de haber violado, asesinado y descuartizado a una joven. Lo grave es que tenía cómplices y, según los informes, antecedentes de violaciones grupales que, al parecer, habían sido encubiertas por otros policías.

Nuevamente, la politizada y prevaricadora juez Miluska Cano, junto con otros dos magistrados cómplices, ha sentenciado ilegalmente a varios militares por supuestos delitos cometidos hace 32 años.

Culminado exitosamente, para el país y para el gobierno, el evento de APEC, volvimos a la normalidad. Es decir, a una nueva crisis.
La minería ilegal, la situación del hermano de la presidenta y una nueva denuncia de corrupción que involucra a uno de los ministros favoritos de Dina Boluarte, son los factores de los aprietos que estremecen a los ocupantes de Palacio.

La venganza de los caviares contra los militares y policías que derrotaron al terrorismo continúa imparable.

Todo indica que, con la conducción de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, las cosas irán igual o peor en el desacreditado Ministerio Público.
Sus primeras acciones así lo indican. Ha anunciado que continuará la campaña contra la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo.

Actualmente, se discuten en el Congreso las reglas para la nueva elección del Parlamento bicameral. Un tema controvertido es el de la valla electoral, es decir, los requisitos que debe cumplir un partido político para acceder al poder legislativo.

Durante el conflicto del año 1995, el presidente ecuatoriano Sixto Durán-Ballén se jactó en una manifestación en Quito de que le iban ganando al Perú por 9 a 1. Se refería al número de naves aéreas —aviones y helicópteros— que cada país había derribado. Al final, se dijo que el resultado fue 13 a 1, aunque probablemente sea una exageración.

Las medidas que se están tomando para enfrentar la creciente ola delincuencial servirán de poco si no se enfrenta uno de los verdaderos problemas que impiden luchar eficazmente contra el crimen, y es la persecución contra las fuerzas del orden por el caviarizado sistema judicial que, al mismo tiempo, trata con guantes de seda a los delincuentes y los libera a diario.

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Según algunos estimados, ya mueve más dinero que el narcotráfico, a pesar de que el Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo.

Un tribunal presidido por la jueza Miluska Cano acaba de sentenciar injustamente al almirante MGP (r) Alberto Rivero, de 82 años, a morir en una cárcel.
Le han impuesto, ilegal e inconstitucionalmente, una condena de 18 años de prisión por sucesos ocurridos en Huanta, Ayacucho, en los que no tuvo nada que ver, hace cuarenta años, en 1984.

El crecimiento descontrolado de la delincuencia ha suscitado una oleada de propuestas para combatirla, algunas bien intencionadas y otras que tienen el propósito de lograr algún beneficio político o de otra índole a sus autores.

El siniestro individuo conocido como “Chibolín” ha trasladado su espectáculo de un set de TV a una celda y pronto a un tribunal. Cada día que pasa van apareciendo nuevas evidencias de las tramas delictivas en las que estaba implicado, como, por ejemplo, que era apoderado del narcotraficante conocido como “Vaticano”.

Las impresionantes muestras de aprecio al presidente Alberto Fujimori (AFF) en su velorio y entierro reflejan una estima que casi ningún gobernante ni político de la historia reciente del Perú ha recibido.

La ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía se aprobó en el Congreso por 80 votos contra 24. De esta manera, volvemos a una práctica que siempre ha existido en el Perú y que es la que funciona en todos los países civilizados del mundo.

Varios -o muchos- jueces y fiscales, encabezados, avalados o tolerados por sus más altas autoridades, se han rebelado contra la democracia y el sistema republicano de división de poderes. Están desacatando pública y constantemente las leyes y resoluciones del Congreso, desafiando ilegal e inconstitucionalmente al poder del Estado encargado de legislar y fiscalizar.

El Congreso aprobó la semana pasada la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía (falta una segunda votación la próxima semana).

En un reciente artículo, Jaime de Althaus se refiere a la acusación contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y medio centenar de ciudadanos. Él señala que “es escandaloso que no haya sido sobreseído.