Mariella Balbi

Un país sin instituciones sólidas, respetadas, no manipuladas por el poder político es –sin duda alguna– una ‘republiqueta’ bananera. El Perú actual se parece cada vez más a ello: una nación socavada y corroída por un Ejecutivo que busca controlarlo todo, desde las instancias presupuestales, judiciales, hasta las electorales.

Conforme el gobierno es menos democrático, los llamados ministros de Estado son cada vez más anónimos. Colaborar con un régimen que dio un golpe, trastocando la democracia, significa que lo avalan y que no se hacen problemas con la violación de la Constitución. Eso de por sí ya los hace poco respetables. Están sometidos al gobernante de turno, sino pierden el puesto.

“El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”. El autor de esta excelente definición fue Luis Miró Quesada de la Guerra, accionista de un centenario diario local.

El MEF tuvo que anunciar que el crecimiento del PBI para el 2019 será de 2.2%. Un guarismo irrisorio y peligroso para el país, aunque el régimen diga que es alto respecto a otras economías latinoamericanas. Lo concreto es que el gobierno de Vizcarra es inútil y no puede ejecutar el necesario gasto público.

Por más que el gobernante ‘de facto’ se empeñe en machacar que su gobierno lucha contra la corrupción, cada vez es menos creíble. Pese a que insiste con el tema, su popularidad tiende a la baja. El ‘revival’ de las irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua ha sido un misil al plexo del presidente.

Como el síndrome de Tourette o el de Werner, el de Keiko Fujimori (KF) pasó a ser una dolencia que se instaló en la emoción y en el inconsciente de los peruanos desde hace un buen tiempo. Comenzó en la campaña electoral del 2011, continuó con fuerza en el régimen de Humala, revitalizándose en el de PPK y en el de Vizcarra con intensidad.

Faltan aproximadamente 55 días para la caricatura de elecciones parlamentarias que se vienen. Inéditas en la historia republicana y fruto de un mañoso golpe de Estado, los peruanos elegiremos a 130 congresistas en brevísimo plazo, inútil para cualquier propósito. Solo Dios, según el Génesis, pudo crear el mundo en seis días y seis noches, descansando al séptimo.

El caso del fiscal supremo Gonzalo Chávarry pasará a los anales de la historia de la infamia judicial del Perú: un compendio copioso y profuso donde figurarán los casos de Keiko Fujimori, del fujimorista Pier Figari, de Alan García y el sainete montado con los colaboradores, o chantajeados, eficaces.

El golpe de Estado perpetrado por Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre no estaba previsto de la manera en que se dio. El régimen quería que el proyecto de adelanto de elecciones que presentó al Congreso se viera en el pleno. Ahí se plantearía la cuestión de confianza.

La insólita resolución de encarcelar preventivamente a 14 abogados que fueron árbitros en las obras de la corrupta Odebrecht significa un punto de quiebre en la administración de justicia de este régimen dictatorial. El mensaje es claro: puedo hacer lo que quiero, importa poco si es legal o no, sométanse o van a la ‘cana’.

Disuelto el Congreso vía un golpe de Estado comenzamos a ver la descomposición inevitable de toda dictadura. El caso del exministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) fue el primer signo de irregularidades en el gabinete. Metió a la madre de su hijo a trabajar al Congreso vía su recomendación.

No es casual que en Colombia, Ecuador y Chile hayan ocurrido protestas violentas, dejando muertos, heridos y destrozos. Ya lo advirtió el militar venezolano Diosdado Cabello cuando, lanzó aquello de la “brisita bolivariana” para graficar el desgobierno que se vive en América Latina, incluyendo al Perú.

Vizcarra ya maneja el país a punta de decretos de urgencia, típico de gobiernos antidemocráticos. Manifestó que los usará lo menos posible, una mentira universal. Nos ha impuesto un régimen de facto, inusual, anormal, ilegítimo.

En el exterior ya se catalogó el golpe de Vizcarra como tal. Nadie en su sano juicio puede negarlo, menos cuando la pueril razón para realizarlo ha sido “la denegación fáctica” de la confianza por el Congreso, una figura jurídica que no existe.

Luego de dos meses de enfrentamientos, el Congreso archivó la exigencia del régimen de adelantar elecciones. Como ocurre con las causas justas, se venció a la antidemocracia y a la intolerancia. Esto solo fue posible porque la oposición se unió y trabajó por un objetivo concreto.

Con Hubert Lanssiers combatimos ardorosamente la injusta prisión de Miguel Ruiz Conejo (vivía con el segundo de Abimael Guzmán sin saberlo). También la de Francisco Landeo Jurado, un Kafka cholo, de Pepe Ramírez, amén de otras arbitrariedades jurídicas que nunca faltan en el sistema.

El Presidente no tiene derecho a imponer su interés personal a 32 millones de peruanos. Queda claro que su proyecto político es trasgredir la ley y demoler el sistema democrático. Sin embargo, como todo funcionario público, está obligado a cumplir la ley y la Constitución. No hay más. Dos más dos siempre serán cuatro, nunca cinco. Igual es para el gobierno de un país.

Juan, un joven vendedor de corazones de alcachofas, se lamenta de no haber vendido nada durante el día. Utilizando sus dotes de comerciante informal logra que un cliente le compre toda su mercadería: cinco bolsitas. Suman 25 soles. Multiplicados por 30 días y sumándole una suerte increíble para una venta constante, Juan ganaría mensualmente insignificantes 750 soles.