Dale con Chávarry
El caso del fiscal supremo Gonzalo Chávarry pasará a los anales de la historia de la infamia judicial del Perú: un compendio copioso y profuso donde figurarán los casos de Keiko Fujimori, del fujimorista Pier Figari, de Alan García y el sainete montado con los colaboradores, o chantajeados, eficaces.
Incluirá también la artera campaña mediática digitada por el Ejecutivo contra la congresista Rosa Bartra y los ataques a sus colegas de bancada, sumados al alucinante encarcelamiento de 14 abogados árbitros, cosa que no se ha visto ni en las dictaduras más sangrientas.
No faltarán ciertamente los empresarios y sus donaciones de campaña. Ya se armó un festín y un linchamiento mediático al que se incorporarán frustrados personajes que iniciarán disparatadas acciones judiciales. Pero el escarnio no releva los aportes a los ‘pepekausas’, sí a Fuerza Popular. Más adelante todo el compendio será motivo de acción judicial, sancionándose a tanto fiscal que anda por ahí buscando figuración y sirviendo al régimen, haciendo cera y pabilo de la ley.
Pero el caso Chávarry es emblemático porque concentra la abusiva y venal acción de la Fiscalía. Primero lo involucraron en un caso para cacasenos: el de Los Cuellos Blancos, publicitado como el estandarte de la lucha contra la corrupción. Pamplinas. El expediente con deleznables declaraciones de dizque colaboradores eficaces, aspirantes en realidad, es burlesco. Se reducen a: escuché, me dijeron, oí, etc. Cero pruebas.
Como el mamarrachento caso de Los Cuellos Blancos no prospera, la argolla gobiernista de la Fiscalía quiere suspender a Chávarry quien, siendo Fiscal de la Nación, destituyó a dos fiscales que se proclaman anticorrupción y que, a decir verdad, son lo más políticamente insalubre que hemos conocido.
Insalubre porque la acción política está obligada a ser franca, transparente, sin mañas. Estos fiscales gozan de una vara mediática inaceptable, además del respaldo y la defensa cerrada del Ejecutivo. Hecho también inédito en nuestra alicaída democracia. Sin embargo, una fiscal suprema provisional ha pedido la suspensión de Chávarry de la Junta de Fiscales Supremos.
¡Bingo! Llegamos a la nuez. Al mismo punto donde empezó la diatriba contra Chávarry hace ya un año y cuatro meses. Todos en la Fiscalía y en el mundo de las leyes saben perfectamente que el Fiscal de la Nación tiene la potestad, según la normativa, de destituir a quien considere conveniente.
No hay forma de torcer o interpretar esta disposición. Pero se hará un circo, se presionará al juez y volverán los ataques. Lo que busca el Ejecutivo y su ‘troupé’ fiscal es tener mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. Su deseo de control es obsceno. De paso, la fiscal provisional que acusa pasaría ser titular. ¡Doble bingo! Esperemos que el juez de esta innoble causa esté a la altura de la necesaria justicia.
