Renzo Reggiardo

El incremento de la extorsión y el sicariato, además de la delincuencia común en las ciudades, ha causado terror en la población generando la sensación de abandono y la falta de acción de sus autoridades.

Ante la grave crisis de seguridad ciudadana que vive el país y a falta de una política integral y efectiva del Poder Ejecutivo; el alcalde Lima, Ing.

Cuando ocurre un hecho delictivo los ciudadanos reclaman la falta de presencia del personal de serenazgo o de la Policía Nacional.

La criminalidad que a diario vemos en los noticieros han acrecentado en la población la desconfianza en las instituciones encargadas de perseguir el delito.

Los últimos acontecimientos en Pataz han mostrado a la opinión pública la magnitud del problema detrás de la explotación minera ilegal e informal que ha sido controlada por el crimen organizado.

La extorsión y el sicariato son delitos cometidos cada vez con mayor violencia que no solo atacan negocios locales, sino colegios privados y transporte público, donde disparan a vehículos con pasajeros sin tener en consideración el daño que podrían causar a personas inocentes que nada tienen que ver con el objeto de la extorsión.

Es común ver en los medios de comunicación el robo de celulares, que posteriormente son utilizados en actividades ilícitas y que posiblemente los que se incautan en los penales tengan esa procedencia.

Una modalidad delincuencial que frecuentemente es víctima la población, es el robo de vehículos que desde la denuncia en la comisaría hasta su inscripción en SUNARP demora hasta tres semanas, tiempo que los delincuentes aprovechan para vender, transferir o encubrir vehículos robados.

De acuerdo a nuestra Constitución Política, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental, entre otros, garantizar, mantener y restablecer el orden interno y, garantizar la seguridad del patrimonio público y del privado.

La seguridad ciudadana, como ya se ha dicho, se concibe como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen sector público, privado, la sociedad civil organizada y ciudadanos; por lo que, para resolver este problema, se requiere también el diseño de políticas públicas de carácter integral con la perspectiva de corto, mediano y largo plazo que incluya la preve