Demandas contra el Perú superan los US$ 6 mil millones: controversias internacionales representan el 2,3% del PBI
Exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, pidió reglas claras y un debate técnico sobre el canon.
En el marco de la Cumbre Minera de PERUMIN 37, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla lanzó una seria advertencia: las controversias internacionales que enfrenta actualmente el Perú podrían costar más de US$ 6,700 millones, es decir, 2.3% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2024, en caso de que el Estado pierda todos los procesos en curso.
Castilla, hoy director ejecutivo de Videnza, explicó que el monto reclamado por inversionistas extranjeros en tribunales de arbitraje internacional se ha casi triplicado en la última década, reflejando la creciente percepción de inseguridad jurídica en el país.
“En 2014, las demandas representaban apenas 0.8% del PBI; sin embargo, el riesgo se disparó en 2021, cuando se registraron 27 demandas ante el CIADI, con un monto potencial de US$ 7,200 millones, equivalente a 3.2% del PBI de ese año”, recordó el exministro. Actualmente, el país enfrenta 24 casos activos, de los cuales 11 pertenecen al sector minero y energético, que concentra el 46% del total, seguido por transportes, construcción y telecomunicaciones.
Riesgo fiscal
El exministro subrayó que el impacto potencial de estas controversias va mucho más allá de lo financiero. De perderse los litigios, el Estado peruano tendría que destinar recursos por 2.3% del PBI, lo que implicaría presiones fiscales adicionales en un contexto de bajo crecimiento económico.
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Además, la proliferación de demandas proyecta una imagen de fragilidad regulatoria que encarece el financiamiento y reduce la confianza de largo plazo. “El Perú necesita blindar su seguridad jurídica si quiere seguir atrayendo capitales en sectores clave como la minería y la infraestructura”, agregó.
Castilla planteó la necesidad de abrir debate técnico sobre distribución del canon minero, con el fin de elevar la eficiencia del gasto público en las regiones productoras. Reconoció, que este tema aún carece de un consenso político amplio y enfrenta resistencias.
Canon
Castilla dijo que el resto “no es cuánto dinero se transfiere, sino cómo se gasta y qué resultados hay para la población”. Enfatizó que una mejor arquitectura del canon debería priorizar proyectos con retorno social y que sean tangibles.
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