Ejecutivo enfrenta al FMI por nueva ley: norma reduce gradualmente el IGV al 14% a partir de 2026
Se generará menos ingresos para el Tesoro Público, presionando el margen del gasto del próximo gobierno.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que establece una reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir de 2026, pasando del actual 18% a un 14% en 2029, mientras que el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) aumentará del 2% al 4% en el mismo periodo.
Esta reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los que accede el Gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), forma parte de la Ley Nº 32387, que busca promover la descentralización fiscal y fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), pero que ha recibido críticas por parte del Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI), gremios privados y expertos independientes, quienes advierten un impacto de más de S/10,000 millones y riesgos para la sostenibilidad fiscal y calificación crediticia de la nación.
Existe una cuarta disposición complementaria final en la nueva Ley Nº 32387 que establece que tanto la reducción del IGV como el incremento del IPM en favor del Foncomun y los gobiernos municipales serán progresivas a partir del ejercicio 2026, según el siguiente detalle:
- 5% en el año fiscal 2026
- 5% en el año fiscal 2027
- 5% en el año fiscal 2028
- 5% en el año fiscal 2029
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Para acceder a este incremento, las municipalidades deberán cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, se exige que cuenten con al menos dos de los tres instrumentos de planeamiento estratégico aprobados: el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI). Estos planes deben estar alineados con las políticas nacionales y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050.
Además, su aprobación debe ser respaldada por actos resolutivos específicos, como ordenanzas municipales o resoluciones de alcaldía, y contar con la opinión técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
En contra
Luis Arias Minaya, expresidente de la Sunat, dijo que esta nueva ley podría comprometer la estabilidad económica del país, ya que el actual gobierno estaría transfiriendo el ajuste fiscal necesario al próximo mandato. “Lo que está haciendo este gobierno es gastarse los recursos y dejándole el ajuste al próximo”, dijo.
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