En Perú se sigue construyendo por donde pasa el huaico: desastres continuos
Entre datos ignorados y políticas tardías, en el país se repite un ciclo de emergencia y reconstrucción.
Cada temporada de lluvias en el Perú, nos recuerda algo que ya deberíamos haber aprendido: los huaicos no son una sorpresa. Son fenómenos naturales previsibles, pero sus consecuencias devastadoras son resultado directo de decisiones humanas: de obras inconclusas, presupuestos sin ejecutar y políticas que priorizan el corto plazo. Si hoy 244 distritos del país están en riesgo por deslizamientos, huaicos y lluvias intensas —como alertó Indeci—, la pregunta no es “por qué pasa”, sino “por qué seguimos permitiéndolo”.
La memoria del desastre
El Perú registra huaicos y desbordes desde hace más de medio siglo. El INDECI viene documentando miles de eventos desde 1970. En el fenómeno El Niño de 1998 se perdieron más de USD 1 200 millones en infraestructura y cultivos. En 2017, el Niño Costero afectó a más de 283 000 peruanos y destruyó centenares de puentes y carreteras. En la temporada 2022-2023 se reportaron 592 000 afectados y 177 fallecidos. No son hechos aislados: las mismas quebradas en Chosica, el Callejón de Huaylas, La Libertad o Áncash se activan cada pocos años, arrasando con todo lo que ya habían empezado a reconstruir.
De la alerta al abandono
La paradoja peruana es que tenemos abundancia de información, pero escasez de acción. En 2024, el presupuesto nacional para prevención y reducción de vulnerabilidades fue de S/ 659 millones, pero solo se ejecutaron S/ 466 millones: más de S/ 193 millones se quedaron sin usar. A nivel regional, la Defensoría del Pueblo advierte que los gobiernos regionales apenas ejecutan entre 3% y 10% del presupuesto para emergencias.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), que debería liderar la planificación preventiva, opera con menos del 1% de lo que recibe el INDECI, cuyo rol es de respuesta. Ambos forman parte del Programa Presupuestal 0068, creado para financiar la gestión integral del riesgo de desastres, pero que en la práctica destina la mayor parte de los fondos a la respuesta post-emergencia, no a la prevención ni a la reconstrucción resiliente.
La política pública quedó atrapada en la lógica de la emergencia: se declara el desastre, se liberan fondos sin licitación y se levantan defensas temporales que el siguiente año deben rehacerse. Los datos del SENAMHI y la ANA rara vez se integran en alertas oportunas, y las instituciones siguen actuando aisladas, sin interoperabilidad ni protocolos comunes.
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Errores políticos que cuestan vidas
A este problema estructural se suma uno político: la entrega de títulos de propiedad en zonas inseguras, muchas veces por razones clientelares o de interés electoral. Durante décadas, se han formalizado asentamientos en cauces secos o laderas inestables que ya estaban catalogadas como áreas de riesgo no mitigable. Lo que se presentó como un beneficio social terminó en tragedias humanas: títulos que ofrecen seguridad jurídica, pero ninguna protección real frente al peligro.
La responsabilidad del Estado no acaba en alertar o formalizar, debe intervenir con justicia y decisión. La Constitución prevé la figura de la expropiación con justiprecio cuando está en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, las autoridades prefieren esperar a que ocurra la emergencia antes que asumir el costo político de reubicar familias o impedir nuevas ocupaciones. En la práctica, se ha normalizado que el río vuelva a pasar por las mismas calles y que los damnificados se conviertan en damnificados crónicos.
Prevenir antes que lamentar
La prevención requiere un cambio de enfoque. El país podría implementar una Plataforma Nacional de Alerta Temprana que integre en tiempo real los datos del SENAMHI, la ANA, el CENEPRED y el INDECI, y emita alertas automáticas mediante sirenas, mensajería celular o aplicaciones. El Programa Presupuestal 0068 debe reformarse para garantizar que al menos el 80% de sus fondos se ejecute en prevención y reducción de riesgo, no en compras de emergencia.
También deben impulsarse acciones sociales preventivas: programas de reubicación asistida, créditos blandos para quienes acepten trasladarse fuera de zonas inseguras, incentivos de vivienda en terrenos estables y campañas de educación comunitaria permanente. El Estado debe acompañar a las familias antes del desastre, no después.
Tenemos los mapas, los datos y las alertas. Tenemos décadas de experiencia que confirman dónde se repetirá la tragedia. Lo que no tenemos —todavía— es una política pública coherente y sostenida que anteponga la vida a la inercia burocrática.
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