Incompetencia gubernamental en Petroperú genera confrontación en Poder Ejecutivo: Trabajadores no han sido trasladados a Talara, solo hacen labor virtual
El directorio emplaza a los tres miembros del Ministerio de Economía y Finanzas que integran la Junta General de Accionistas de la empresa petrolera estatal.
El directorio de Petroperú S.A. quiere salvar su ineptitud enfrentando a los tres miembros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los cinco que tiene la Junta General de Accionistas. Los otros dos pertenecen al Ministerio de Energía y Minas (Minem), que en términos reales son solo observadores por su desconocimiento del tema petrolero y financiero.
Es obvio que el MEF lleva la batuta del salvataje que se ha decidido políticamente, sin análisis alguno en el terreno económico y financiero, de lo que sí son responsables los capitostes de la cartera del jirón Junín, viéndose envueltos en estos momentos en un enredo de proporciones, que lo advertimos en este diario en informe publicado el pasado día 21 de los corrientes.
Después de 6 meses de discursos prometedores y ninguna acción, el directorio decide enfrentar al MEF. Desde un inicio, cuando asumieron el cargo a fines de febrero pasado, era de público conocimiento que el MEF tenía serias limitaciones para dar más apoyo: déficit fiscal excedido, límite de deuda soberana y tener comprometido al Banco de la Nación con 1,800 millones de dólares (MMUS$) de préstamos a Petroperú, restando seriamente la liquidez al banco.
El directorio ingresó con bríos y su presidente, Oliver Stark, se exhibió en los medios prometiendo despedir a 900 trabajadores, migrar a Talara a 700 empleados de la oficina principal de Lima, vender activos no productivos y entregar la gestión a un privado.
Ahora, en el terreno de los hechos tangibles, siente temor de los sindicatos y envía a los empleados de la oficina principal no a Talara, sino a trabajo virtual, y culpa a las organizaciones sindicales del desastre que vive la empresa, sin hacer mención alguna a los responsables del endeudamiento irresponsable.
Pero no solo eso. De todas las acciones de carácter administrativo prometidas, ni siquiera han estructurado un proceso de competencia para efectivizarlas. Piensan que deben hacerlo directamente y su pedido al Ejecutivo suena a un marco legal ex profeso para blindarse. Eso es inadmisible.
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Hoy, los bancos que podrían hacer préstamos no solo piden garantía soberana, también exigen capitalización de acreencias del Estado, pero eso significaría, en la contabilidad estatal, pasar de unas cuentas por cobrar a un egreso de caja y contabilizarlo en el déficit fiscal.
Lo que pueda hacer el MEF es diferir en fecha de pago las cuentas por cobrar. Afectará también al déficit, pero en menor medida que una capitalización. Adicionalmente, podrían otorgar garantía soberana a los documentos por cobrar de proveedores para que lo descuenten en la banca comercial y de esa manera evitar la paralización de la producción, lo que agravaría la situación de la empresa.
Luego de predicar que la operación de la unidad de flexicoking sería la panacea –lo que también advertimos que sería insuficiente–, hoy el directorio reconoce que las pérdidas se extenderían a dos ejercicios anuales adicionales. En lugar de tratar el tema al interior, hacen pública una desavenencia que va a generar temores a los acreedores, sobre todo a los bonistas que tienen papeles por 3,000 MMUS$ que valen 1,650 MMUS$ en el mercado.
Directores deben hacer su renuncia en grupo
Lo que corresponde a los quejosos directores es su renuncia en grupo, ante la supuesta indolencia e incomunicación con el Ejecutivo, pero todo indica que prefieren quedarse y esperar un apoyo que va a complicar más la situación de la economía estatal, en un momento en que estamos a un paso de perder el grado de inversión, que nos costó 17 años en conseguirlo.
La situación se agrava por los rumores de relevo del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien en esas condiciones es razonable que no tome decisiones, tal como lo hizo su antecesor Alex Contreras.
Gobierno no adopta medidas
En declaraciones para Canal N, el presidente de PetroPerú, Oliver Stark, señaló que el Gobierno no adopta medidas desde hace más de 3 meses. Por otro lado, dijo que conversó con Proinversión para la venta de activos que tiene la petrolera. Asimismo, expresó que un tercio del personal que labora en Petroperú se encuentra en proceso de desvinculación voluntaria.
Por César Gutiérrez
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