La formalización minera en el Perú: una odisea que parece no tener final

El Perú ha convertido la formalización minera en una interminable coartada para la ilegalidad. Bajo el disfraz de un proceso “regulado”, miles de mineros informales e ilegales han encontrado la forma perfecta de operar al margen de la ley y depredar los recursos del país, amparados en trámites que no buscan cumplir, sino evadir la acción del Estado. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lejos de ser una herramienta de solución, se ha vuelto el refugio legal de quienes nunca pensaron cumplir con las normas, pero sí aprovecharse de un sistema permisivo y complaciente.

Tras más de una década de funcionamiento, el balance del Reinfo es, sencillamente, vergonzoso. Creado en 2012 con el propósito de formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, el registro no ha conseguido avances reales hasta la fecha.

Al respecto, el Alto Comisionado para el Combate contra la Minería Ilegal y presidente de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo, Rodolfo García Esquerre, precisó que en el Perú existen más de 84,000 inscritos en el Reinfo, pero apenas un 2.4% ha logrado formalizarse. Por su parte, el analista político y periodista Francisco Diez Canseco calificó al Reinfo como una simple fachada de legalidad, un mecanismo que permite a los mineros acceder a privilegios como evitar operativos de interdicción, comercializar oro y combustible, y operar sin cumplir plenamente con los requisitos ambientales ni laborales.

En este escenario, la confusión entre mineros informales e ilegales es constante y, muchas veces, deliberada. Sin embargo, para Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la diferencia es clara: “Quieren confundir con términos diferentes entre ilegal, informal, artesanal, ancestral. El minero ilegal es aquel que no cumple la ley. Punto”. En efecto, la línea que separa a unos de otros suele ser extremadamente delgada. El minero ilegal es aquel que utiliza maquinaria, métodos y opera en zonas prohibidas, incurriendo directamente en un delito. Por su parte, el minero informal, aunque también trabaja fuera del marco legal, no necesariamente incurre en actos ilícitos, ya que no opera en áreas prohibidas y, en teoría, se encuentra en proceso de regularizar su situación.

“El Gobierno está cediendo ante una posición maximalista de los mineros ilegales. Es muy difícil aprobar una ley que legalice todo lo que hoy está dentro del Reinfo, por eso se opta por mantenerlo como una salida política, no legal”, afirmó el exdirectivo a Rumbo Minero.

Carlos Gálvez criticó la postura del actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por reunirse con representantes de la minería informal y mostrarse, a su juicio, excesivamente condescendiente. “Percibo demasiada propensión del ministro a complacer estas posturas. Ha dicho incluso que legislar no es su responsabilidad sino del Congreso, lo cual es una posición cómoda”, declaró.

Para Gálvez, el aplazamiento de decisiones estructurales en torno a la formalización minera se debe en gran medida al contexto preelectoral. “Estamos en un año donde muchos congresistas tienen vínculos con la minería ilegal. Hay dinero sin control, dispuesto a financiar campañas de quienes luego devolverán favores políticos desde el Congreso o un futuro Senado”, advirtió.

Por otro lado, muchos han encontrado en el Reinfo un blindaje perfecto, cuya vigencia se ha extendido hasta el 31 de diciembre de este año. Precisamente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que se han excluido 50,565 registros del Reinfo debido a inactividad prolongada, ya que se estima que más de 45,000 inscritos no reportaron producción minera durante al menos cuatro años. Por su parte, el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, aclaró que los titulares excluidos tienen la posibilidad de presentar una reconsideración o apelación en un plazo de 15 días calendario. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes para los mineros, que exigen impunidad total.

“El Reinfo es, en realidad, libertad absoluta para incumplir cualquiera de las leyes. No quieren someterse a ninguna norma, quieren hacer lo que les da la gana”, afirmó Gálvez Pinillos para el diario Expreso.

Concesiones mineras

Para Máximo Franco Béquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), existen solo dos salidas posibles al laberinto de la formalización minera: eliminar el contrato de explotación con los titulares de las concesiones como requisito para formalizarse, o revertir directamente esas licencias. Es decir, plantea que, a través de una ley del Congreso, se brinde una alternativa real para los mineros que trabajan en concesiones ajenas.

“Tienen que revertir las concesiones para que nosotros podamos acceder al derecho de concesionarlas, solicitarlas y formalizarlas. No hay otra solución. Son casi 20 millones de hectáreas concesionadas, acaparadas en casi todo el Perú. No es posible que 50 familias tengan todo el país en sus manos. ¿Dónde vamos a concesionar si todo ya está tomado? Y si hay algún terreno disponible, es en lugares donde no queda ni rastro de mineral”, afirmó el líder de Confemin en declaraciones a RPP.

Sectores vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal denuncian, además, que la actual política de criminalización solo protege los intereses de las grandes empresas transnacionales, mientras se margina y persigue a los pequeños productores que buscan una oportunidad de formalización real.

No obstante, Gálvez Pinillos sostiene que el problema de fondo radica en la falta de comprensión sobre lo que realmente implica la actividad minera, ya que esta comienza por la exploración, no por la explotación inmediata. “La queja de los mineros ilegales es que todo está concesionado. Lo que no quieren entender es que el Perú cuenta con 128,5 millones de hectáreas, de las cuales solo 18,5 millones están concesionadas. Es decir, hay 110 millones de hectáreas disponibles para explorar, descubrir y producir. Pero eso no les interesa; prefieren invadir áreas que otros ya han identificado, trabajado y puesto en valor”, señaló.

Tras alcanzar un pico histórico en 2014, con casi 27 millones de hectáreas concesionadas, el área bajo concesión disminuyó hasta 2016 y, desde 2017, se ha mantenido relativamente estable. Según la última actualización de CooperAcción, al cierre de 2022, las concesiones mineras en el Perú sumaban poco más de 19 millones de hectáreas, lo que representa el 14.78% del territorio nacional. Además, hay seis regiones donde las concesiones mineras cubren más del 40% de su superficie: Apurímac (49,59%), Moquegua (49.33%), La Libertad (48.93%), Áncash (45.21%), Lima (41.63%) y Huancavelica (40.36%). Otras regiones como Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Puno y Cajamarca también presentan una alta proporción de su territorio bajo concesión minera.

Cifras reales

70% de mineros en proceso de formalización opera en concesiones de la pequeña mineria y minería artesanal.

Sale en defensa

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió la reciente mesa técnica convocada por el Ejecutivo para abordar la problemática de la minería informal. Según dijo, no se está dialogando con actores ilegales, sino con mineros en proceso de formalización, muchos de los cuales aún están registrados en el Reinfo.

10 regiones

En la actualidad son 10 las regiones que tienen una marcada actividad minera y con acciones de violencia producto del accionar de las organizaciones criminales que operan en dichos lugares.

Estas son: Loreto, Amazonas, Piura, Áncash, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Puno.

Presidente del Congreso apoya el diálogo

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, saludó el diálogo convocado por la mandataria Dina Boluarte, a diversos sectores, con el fin de tratar la problemática de la formalización minera e impulsar una ley para la pequeña minería y minería artesanal que responda a intereses de los trabajadores, el medio ambiente y el país.

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