Leonie Roca, presidenta de AFIN: “Inseguridad daña imagen del Perú ante inversores”
Critica que pago de extorsiones afecte a las empresas.
Leonie Roca, ¿piensa que el aumento del sueldo de la presidenta se justifica debidamente?
Como gremio empresarial, consideramos que en el sector público es importante que las remuneraciones reflejen responsabilidades, pero creemos fundamental que no se trate casos específicos, sino que los ajustes sean parte de una revisión integral de puestos críticos y competitividad salarial. Toda decisión de este tipo debe contar con una debida justificación técnica y comunicarse con transparencia para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
¿Qué diría de la gestión de Dina Boluarte?
Resaltamos el rol del Gobierno en mantener la estabilidad democrática en momentos complejos; sin embargo, persisten retos estructurales como la falta de gestión eficiente, la necesidad de impulsar reformas pendientes y fortalecer la articulación entre niveles de Gobierno.
¿Qué se espera escuchar en el mensaje a la nación del 28?
Esperamos un mensaje que priorice una agenda de reactivación económica, generación de empleo y lucha frontal contra la inseguridad, junto con compromisos claros para cerrar las brechas en infraestructura social: educación, saneamiento y salud, con un enfoque de colaboración con el sector privado. Asimismo, sería positivo escuchar medidas concretas para agilizar proyectos de inversión y fortalecer la institucionalidad.
¿Qué pasó con el Ministerio de Infraestructura? A un año de la propuesta que, se supone, se concretaría antes de Fiestas Patrias, vemos que ha dejado de ser una prioridad. ¿Por qué?
Creemos que el debate sobre la creación de un Ministerio de Infraestructura debe enfocarse en el objetivo de fondo. Es decir, mejorar la ejecución de proyectos para así asegurar servicios de calidad a la ciudadanía. Actualmente, existe una necesidad de fortalecer las capacidades de las entidades y de la Autoridad Nacional de Infraestructura antes de crear una nueva estructura que podría generar más burocracia mientras no se defina con claridad su alcance, competencias y la articulación con el resto del Estado.
¿Cómo la Autoridad Nacional de Infraestructura fusionará 14 programas?
Se requiere claridad en los objetivos y fortalecer capacidades de gestión, priorizando el servicio a la ciudadanía. Empezar a desarticular estos programas, que teniendo naturaleza temporal se convirtieron en permanentes, es un gran paso.
Leonie Roca, ¿esto dejaría de lado al Ministerio de la Infraestructura?
No descarta el debate de un ministerio, pero demuestra que primero debemos ordenar y fortalecer lo existente antes de crear nuevas entidades que podrían superponerse.
De acuerdo con el último informe de Capeco, las operaciones de las empresas este semestre habrían crecido en más del 5% en el sector de infraestructura y se prevé cerrar el año pasando el 6%. Son expectativas más optimistas que en otros segmentos de construcción. ¿A qué se debería? ¿Qué es lo que mueve la aguja?
Este dinamismo responde a la necesidad de cerrar brechas y a la reactivación de algunos proyectos relevantes en transporte y saneamiento, así como al empuje de la inversión privada a través de APP y obras por impuestos. La infraestructura sigue siendo un motor para la economía y la generación de empleo, siempre que se mantenga una ruta de predictibilidad y reglas claras. En la inversión privada, el peso de la inversión no minera (entre la que se encuentra la correspondiente a infraestructura) es de alrededor de 62%, según cifras del BCRP. El avance de megaproyectos de infraestructura empuja el sector, en el que destaca la Línea 2 del metro de Lima y Callao que tiene 29 estaciones en ejecución y 1 pendiente de inicio además de las 5 en operación, así como otros proyectos en transmisión eléctrica en construcción como Nueva Yanango – Nuevo Huánuco y concesiones de transporte como la Autopista del Sol en la que hay 80 km por liberar para obras obligatorias, entre otros.
Las obras por impuestos casi triplican adjudicaciones en poco más de un mes. ¿Cuál es el impulso de este tipo de obras en la inversión privada?
El mecanismo de obras por impuestos permite a las empresas privadas adelantar sus obligaciones tributarias para ejecutar directamente proyectos de inversión pública. La empresa privada asume el riesgo de ejecución de los proyectos y la responsabilidad de contratar y supervisar, aliviando la carga operativa de las entidades públicas y dinamizando la economía al movilizar recursos con mayor rapidez que a través de la modalidad de obra pública tradicional.
Sin embargo, hay que preguntarse también por el mantenimiento y operación de las infraestructuras; sin esto no se logra dotar de servicios públicos de calidad a las personas. Lo más relevante es el servicio.
Pese a todo, seguimos todavía con una brecha en infraestructura que supera los US$100,000 millones. ¿Qué cambios en la ley de APP ayudarían a acortar esta brecha?
Proponemos cambios que simplifiquen procesos, reduzcan la tramitología, fortalezcan ProInversión y prioricen la permisología desde el inicio de los proyectos. Es clave contar con reglas claras, agilizar procesos de liberación de terrenos y mantener la estabilidad normativa para atraer más inversión privada en infraestructura. Asimismo, la delimitación de roles de los distintos actores que intervienen en los proyectos y el ajuste de procedimientos a fin de evitar duplicidades de actividades en los procesos de APP.
¿Cómo el sector privado toma las observaciones a la autógrafa de la nueva ley de APP?
Valoramos las observaciones para mejorar la ley y garantizar procesos eficientes y transparentes. El sector privado mantiene su disposición de diálogo técnico para que la normativa refleje un equilibrio entre control y agilidad, asegurando servicios de calidad. Sin embargo, aplazar su promulgación es aplazar servicios que las personas necesitan con urgencia.
Leonie Roca, ¿cómo golpean a la inversión privada la inseguridad ciudadana y la informalidad?
La crisis de inseguridad que se desarrolla en un entorno de alta informalidad genera costos adicionales –como el pago de extorsiones y gastos en medidas de seguridad– y retrasos en proyectos. Esto influye en las expectativas de los empresarios y afecta la imagen de Perú como destino atractivo de inversiones, impactando en la competitividad. Por ello, es urgente fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la informalidad para garantizar entornos favorables a la inversión, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. El Estado, a través de sus órganos competentes, debe implementar acciones efectivas con solidez técnica frente a esta crisis.
Propuestas
“Se debe promover las APP para fortalecer la seguridad ciudadana a través de infraestructura y tecnología. Hay que articular esfuerzos con las autoridades para formalizar sectores clave, especialmente en construcción y transporte”.
Cifras reales
62 por ciento equivale el peso de la inversión no minera; entre ellas, la correspondiente a infraestructura.
Proinversión requiere de un marco legal claro
“La consolidación de esto puede evitar retrocesos en los proyectos y reducir los vaivenes de los procesos comunes cuando los sectores no definen con claridad los niveles de servicio antes de encargar los proyectos a la agencia para su promoción, pero se requiere un marco legal claro, más cuadros técnicos y una definición precisa de competencias”.
Liderazgo
Leonie Roca, reconocida en Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú por su liderazgo, destacó la importancia de impulsar políticas internas de equidad salarial y planes de desarrollo de talento femenino. Asimismo, sostuvo que se deben fomentar redes de mentoría y generar entornos laborales seguros y libres de violencia, junto con medidas de conciliación laboral y familiar.
Más sobre Leonie Roca
Petroperú le tira la pelota al MEF: sí necesitaría reperfilamiento de deuda
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
