Pensión mínima de S/ 3,300 para docentes en incertidumbre: Congreso define su próximo movimiento tras observación del Ejecutivo
Norma apuntaba a beneficiar a profesores cesantes y jubilados.
El futuro de la ley que proponía una pensión mínima equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial -alrededor de S/ 3,300- quedó en suspenso, luego de que el Poder Ejecutivo la observara y devolviera al Congreso de la República.
La medida había sido aprobada por amplia mayoría en el Pleno y beneficiaría a miles de maestros cesantes y jubilados en los regímenes 19990, 20530 y el de la Carrera Pública Magisterial.
En el oficio remitido al titular del Parlamento, José Enrique Jeri Oré, el Ejecutivo sostuvo que la autógrafa “plantea otorgar un tratamiento excepcional y preferente a los maestros, al margen de las disposiciones generales que rigen tanto en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como en el Sistema Privado de Pensiones (SPP)”. Según el análisis del documento, esta fórmula “configura un régimen paralelo” y rompe con la uniformidad que debe caracterizar a los sistemas previsionales del país.
El informe advierte que el hecho de desempeñarse como docente no constituye un criterio válido ni suficiente para apartarse de las reglas comunes de cada régimen.
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“Establecer un tratamiento previsional preferente exclusivamente para los maestros carece de sustento técnico y genera riesgos significativos”, señala el texto. Entre ellos, el Ejecutivo destacó la posible afectación de la sostenibilidad financiera y la introducción de inequidades frente a otros pensionistas.
Asimismo, el documento alerta que la propuesta vulneraría la Constitución al vincular automáticamente la pensión con la remuneración de los maestros en actividad, creando un esquema de “cédula viva” prohibido expresamente por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna.
“Este tipo de disposición genera un efecto espejo entre el ingreso del pensionista y el del trabajador en actividad”, precisó el análisis, recordando que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional este tipo de nivelaciones por considerarlas un abuso del derecho.
El Ejecutivo también observó que la iniciativa legislativa buscaba excluir a los maestros del límite máximo de pensión establecido en el SNP (actualmente S/ 893), lo que representaría -de aprobarse- una pensión más de tres veces superior al tope permitido.
Para el Gobierno, esa medida crearía un trato privilegiado e inequitativo frente a otros pensionistas que cotizan bajo las mismas reglas. Además, advirtió que eliminar el tope distorsionaría la lógica solidaria del sistema y podría incrementar de manera regresiva el subsidio estatal.
Congreso evalúa insistir o archivar la norma
Con la devolución de la autógrafa, el balón vuelve al Congreso. Según el procedimiento legislativo, el Parlamento puede optar por aceptar las observaciones del Ejecutivo y modificar el texto de la ley, o insistir en su aprobación original.
En este último escenario, se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas (es decir, 66 votos). Si el Pleno ratifica su decisión, el presidente del Congreso deberá promulgar la norma directamente, sin participación del Ejecutivo.
En cambio, si el Parlamento acoge las observaciones, la norma se ajustará conforme a los reparos planteados y volverá al Ejecutivo para su promulgación. De no alcanzarse consenso, la iniciativa podría quedar archivada definitivamente.
El debate se presenta crucial para miles de docentes jubilados, que desde hace años reclaman pensiones justas y proporcionales a lo aportado durante su vida laboral.
Aunque la propuesta buscaba reivindicar esa demanda histórica, el informe del Ejecutivo plantea un dilema mayor: cómo garantizar equidad sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional ni vulnerar la Constitución.
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