Petroperú, no hay derrotero para salir de crisis de empresa estatal en 20 meses de Gobierno
Solo hay paliativos costosos para la deficitaria caja fiscal. Según los estados financieros (EF) a junio de este año, la empresa ha visto reducido su patrimonio a 1,136 MMUS$.
El gobierno de Dina Boluarte a la fecha tiene un serio problema sin solución durante los 20 meses de su estadía en Palacio de Gobierno, que es la situación de Petroperú (PP).
Según los estados financieros (EF) a junio de este año, la empresa ha visto reducido su patrimonio a 1,136 MMUS$, es decir que desde la llegada al poder de la presidenta se ha registrado una pérdida patrimonial de 1,516 MMUS$, que equivalen a 2.6 veces el “fondo de contingencia” previsto en el presupuesto general de la república (PGR) del 2024 y un monto mayor en 17% que el costo de la primera etapa del Puerto de Chancay.
Adicionalmente el déficit de capital de trabajo se multiplicó en 18.2 veces y la deuda total ha llegado a 8,470 MMUS$, que representa 16% más de lo heredado en el año 2022.
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Lo que se tiene de las autoridades a cargo, son discursos y promesas, y ningún planteamiento integral. La responsabilidad es compartida por los miembros de la junta general de accionistas (JGA), el directorio y gerencias de PP.
Un recuento de la dramática situación y un sinceramiento de cifras, servirán para plantear una salida, aunque mi pronóstico es que desde el gobierno seguirán ganando tiempo con paliativos para endosarle el problema al gobierno que gane las elecciones el año 2026.
El actual gobierno recibió una petrolera estatal que la gestión de Pedro Castillo le había brindado apoyo en dos oportunidades sin que los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hubiesen realizado análisis alguno de la situación
El primer apoyo lo dio el ministro Oscar Graham, en mayo del 2022 (DU-010-2022), con un préstamo de 750 millones de dólares (MMUS$), más una línea de crédito por 134 MMUS$ (500 millones de soles-MMS/.), para pago de gastos de importaciones. El segundo, lo hizo Kurt Burneo, en octubre del 2022 (DU-023-2022) con un aumento de capital por 1,000 MMUS$ (4,000 MMS/.), más una línea de crédito de 500 MMUS$ para pago de costos de importaciones.
En las circunstancias descritas, los EF auditados al cierre del 2022 señalaron las siguientes cifras en MMUS$: déficit de capital de trabajo de 172, deuda total ascendente a 7,289; pérdidas netas por 271 y patrimonio de 2,652. La situación era difícil y se necesitaba un manejo responsable que implicaba gran conocimiento financiero.
El nombramiento de Oscar Vera, un funcionario de segundo orden en la estructura jerárquica de PP, como capitoste del Ministerio de Energía y Minas (Minem), le entregó la gestión de la petrolera en términos reales, lo que fue catastrófico. Los discursos entusiastas, expresión de voluntarismo puro y su visión estatista, llevaron a la empresa a una situación extremadamente delicada.
Las cifras en MMUS$ de los EF auditados del 2023 son elocuentes, se cerró el año con un déficit de capital de trabajo de 3,543, se registraron pérdidas brutas por 359, la deuda total ascendió a 8,302, el resultado neto fue a pérdida por 1,064 y el patrimonio descendió a 1,588.
El ministro del MEF de la época, Alex Contreras, integrante de la JGA, fue demasiado contemplativo con la situación, empezamos a ver el inicio de un período de un MEF debilitado y manoseado por el Congreso. Oscar Vera, tenía mayor poder político que él, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, donde Fuerza Popular fue extrañamente condescendiente con el titular del Minem, y se deben contar entre los responsables de lo ocurrido, el cacareado control político no existió.
Si algún mérito le doy al exministro Contreras es el no haber aceptado los pedidos de PP, ya tenía bastante con el incumplimiento de la meta del déficit fiscal que lo excedió en 0.4%, que parece poco, pero que fue muy mal tomado por las calificadoras de riesgo.
La catastrófica herencia del 2023 es recibida en febrero del 2024, por una JGA donde por ser un tema económico-financiero, los líderes son el titular del MEF, José Arista, y la viceministra de Hacienda Betty Sotelo, cuya fama de manejar la caja fiscal con mano dura se ha tenido durante décadas.
Esta JGA tuvo un mal inicio al designar al economista Carlos Linares, como presidente de la petrolera. No indagaron que tenía un proceso sancionador en curso, en segunda y última instancia en la Contraloría General de la República (CGR). En este tipo de procesos, el desenlace es imprevisible, tal como ocurrió en este caso, pues en abril, antes de cumplir 60 días, el señor Linares fue suspendido de ejercer la función pública, por lo que debió renunciar, siendo sucedido por Oliver Stark.
El debut de la JGA actual, fue la emisión de una norma legal de un nuevo apoyo a PP (DU-004-2024), donde se otorga garantía soberana para que el Banco de la Nación (BN), preste 800 MMUS$, y se amplíe la línea de crédito de importaciones de 500 a 1,000 MMUS$.
Inentendible dar un préstamo por 800 MMUS$, cuando según los EF al primer trimestre (IT) del 2023, las cuentas por pagar comerciales eran de 1,987 MMUS$, y el déficit de capital de trabajo ascendía a 2,820 MMUS$. Con ese monto era solo alargar la agonía con costo de intereses. Se supone que en el MEF hay especialistas en finanzas que debieron advertir que lo realizado era un despropósito, tarea para el flamante Contralor General de la República, César Aguilar.
En el IIT fallos operativos en la Nueva Refinería Talara (NRT), han devenido en que los resultados sigan siendo de extrema preocupación. Las cifras de los EF en MMUS$ han sido las siguientes: déficit de capital de trabajo de 3,122; pérdida bruta por 139, pérdida neta por 452, deuda comercial ascendente a 1,412 y patrimonio neto de 1,136; con lo que en la era Boluarte ha habido pérdida patrimonial de 1,516 MMUS$.
La reacción es solo discursiva: 1) se trasladará al personal del edificio principal a Talara, hecho que aún no tiene fecha y se libra una puja con los sindicatos, 2) se buscará una empresa que gestione la operación, los trascendidos en los corrillos financieros es que se piensa contratar a la empresa americana Riveron, no se sabe cómo sería el proceso de selección y quiénes son los gestores de intereses, 3) se venderá bienes inmuebles que no afecten la operación, no se tiene información como se designará a los corredores.
También se comenta que están en búsqueda de un financiamiento de 500 MMUS$ en plazas internacionales a interés de dos dígitos, y en Nueva York publicaciones especializadas afirman que se frustró un crédito con el Morgan Stanley, porque exigía que el Estado capitalice deudas, que podrían ir desde 750 a 1,550 MMUS$, lo que se convertiría en costo hundido para la caja fiscal.
Tanto el ministro Arista, como la presidenta Boluarte han descartado la privatización, cosa que no se podría hacer en este momento porque con el nivel de endeudamiento actual nadie querrá comprar la empresa. Prometen un apoyo financiero responsable, que no sabemos hasta ahora en que consiste.
Queda claro que la empresa no puede caer en impago con bonistas, que tienen papeles por 3,000 MMUS$, ni en el crédito sindicado que se tomó con aval español por 1,300 MMUS$.
Voluntaristamente se afirma que teniendo la NRT operativa en su totalidad, se podrá salir adelante, cosa que no es cierta pues hasta con el propio margen de refinación esperado por la empresa que es optimista, la recaudación será insuficiente para los pagos anuales de deuda, la provisión para pago de la primera serie de bonos por 1,000 MMUS$ que se vence en el 2032 y la cobertura de los gastos administrativos y de ventas. Habrá un déficit anual del orden de 139 MMUS$.
En el faltante señalado no está contabilizado el pago de las deudas contraídas con el Estado que asciende a 2,683 MMUS$ cuando se usa la totalidad de líneas de crédito para importación.
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