Proponen cambios en normativa para dar celeridad a miles de obras públicas en Perú
Hay más de 2,290 obras paralizadas por más de 26 mil millones de soles.
La lentitud de inversiones en obras públicas como la construcción de hospitales, colegios, puentes, carreteras y servicios básicos de agua y desagüe, tiene su origen en fallas en el marco normativo que regula los costos de preinversión de los proyectos, ejecución contractual de estudios definitivos y consultorías.
El presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), Elías Tapia, demandó con urgencia cambios puntuales del marco normativo que regula las inversiones en obras para cerrar la brecha en infraestructura de salud, educación, transporte y saneamiento que existe actualmente en Perú.
Asegura que las normas, que originan diseños o expedientes técnicos de obras deficientes causó la paralización de 2,298 obras por un monto de inversión superior a los S/ 26 mil millones, según el 'Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional' de la Contraloría General de la República.
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De igual manera, mencionó que entre los problemas que afectan la celeridad en las obras en el sector público, se encuentran los bajos costos de los estudios de preinversión, generando ofertas económicas menores al 90% llegando, incluso, a bajar hasta el 55%.
En otro momento propuso incorporar en la normativa un Capítulo de Estudios en el Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establezca procedimientos proactivos y plazos perentorios en el estudio definitivo, tanto en costo como en procedimientos y en cuanto a alcances para acelerar las obras y terminar con las paralizaciones de los proyectos.
“Mientras en Latinoamérica los estudios definitivos de ingeniería oscilan entre un 3% y 6 % (el mínimo es 3%); en Perú es de 0.51% o 0.85%. Eso, sumado a los bajos costos en estudios de preinversión, acarrea que el proyecto no nazca bien; y que todos los errores se trasladan a la etapa de la ejecución de la obra”, aseveró.
El ingeniero Elías Tapia indicó que otra dificultad es la conflictividad que hay en la ejecución contractual de obras que se genera por la baja del 10% en la que todos están obligados a ofertar si se quiere ganar la buena pro, sumado a que también se considera penalidades hasta del 20%, lo cual es desproporcionado.
Finalmente, propuso retomar algunos artículos de la Ley General de Consultoría y el Reglamento General de Actividades de Consultoría vigente hasta 1998, en la que la multa máxima era del 5% y la buena pro no se ganaba por la baja económica sino por méritos.
“Con esa normativa no se tuvo ningún problema con los estudios definitivos y se hicieron los grandes proyectos nacionales, tales como Chavimochic, Chira Piura, Charcani Cusco”, añadió.
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