Traficantes de tierras amenazan convertir megapuerto de Chancay en el próximo Pataz: pueden afectar avance económico en el norte de Lima
Aún no encalla un barco de manera oficial, pero quienes ya arribaron son los traficantes de tierras. Ya han asesinado a dos personas.
El Ministerio del Interior, a través de la PNP, viene investigando a mafias de traficantes de terrenos que vienen operando en Chancay, aprovechando el boom en el norte chico de Lima por el megapuerto.
Para ello no tienen reparos en despojar de sus propiedades a los legítimos dueños, creando asociaciones de fachada, generando falsas reuniones de comuneros. Si no se desactivan estas mafias, Chancay puede terminar siendo como Pataz; por lo pronto ya se han registrado dos asesinatos por el tráfico de tierras.
El modus operandi
Falsas cesiones de terrenos, invasiones organizadas, ventas ilegales y un aparato legal y fiscal que parece hecho para protegerlos. Con las mafias, el norte chico perdería la oportunidad de ser un eje económico para el país, donde lo que va a primar es el tráfico de terrenos, narcotráfico, trata de personas y todo aquello que financia la minería ilegal; y el Gobierno –que está de salida– no actúa.
Transfieren terrenos
Un caso que viene siendo seguido por la Policía es el de la Comunidad Campesina de Sayán, cuyo presidente Julio César Carlos Calderón habría transferido terrenos de los copropietarios a la comunidad de Huacho y a la comunidad campesina lomera de Huaral, lo que es ilegal. Esos terrenos están en un proceso judicial para determinar la delimitación del área que le tocaría a cada comunidad. Es un proceso civil que se encuentra en el Poder Judicial en Huacho.
El domingo 8 de junio de 2025, Carlos Calderón convocó y presidió una asamblea general extraordinaria donde adjudicó gratuitamente terrenos en litigio y se trataron tres puntos claves:
- Autorizar la compraventa de acciones y derechos sobre la totalidad de un predio inscrito en la Partida Electrónica N.° 08005504 del Registro de Predios de Huacho.
- Aprobar adjudicaciones gratuitas sobre ese mismo predio.
- Designar representantes para firmar las escrituras públicas, incluyendo facultades para rectificar, aclarar o adicionar lo que sea necesario.
Esto con el propósito de vender la totalidad de acciones y derechos de la copropiedad de 60,848 hectáreas que se tienen que repartir las tres comunidades (Sayán, Huacho y lomera de Huaral).
De esta forma actúan al margen de la ley dado que no se ha determinado qué territorio le corresponde a cada comunidad.
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Pese a ello están tramitando nuevas ventas con terceros –inscritos en los registros bajo el esquema de la duplicidad de partidas– y para ello tendrían operadores dentro de los organismos de justicia (Fiscalía, Registros Públicos, Poder Judicial).
La Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656) precisa que la libre disposición está delimitada y establece que solamente se vende mediante acuerdo aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, lo cual no ha existido y tampoco se acredita el interés de la Comunidad en estas ventas. No se trata solo de recabar dinero, sino que ese dinero repercuta en la explotación de los fines comunitarios.
Denuncias paralizadas
El señor Carlos Calderón tiene al menos 5 denuncias en las fiscalías, entre ellas por organización criminal. El caso lo tiene el fiscal provincial Salas Ostos, pero las denuncias permanecen congeladas, pese a que los hechos son públicos, recientes y documentados.
Además, la comunidad de Sayán está inmersa en varias denuncias penales por usurpación, falsificación, secuestro y coacción. El proceso judicial de división de tierras entre comunidades, expediente 01379-2006-0, está detenido desde hace años. En este caso, el juez Abelardo Vidal Ramírez, mantiene activa una medida cautelar garantizada por una fianza firmada por un fallecido en 2016 y la fiscal Jazmín Vargas Espinoza, a cargo del caso 6065-2022, ha sido señalada por inacción, pese a la gravedad de las denuncias.
Lo insólito es que, a pesar de las pruebas disponibles y las acciones que Carlos Calderón ha firmado, el Ministerio Público no ha tomado ninguna medida real contra él. No hay detenciones, ni requerimientos, ni avances visibles. La pregunta en el aire es incómoda pero necesaria: ¿Por qué no lo tocan?, ¿temor?, ¿presión?, ¿intereses?, ¿complicidad?
Arma legal
La PNP ha detectado que detrás de lo que sucede en la comunidad de Sayán estaría el operador legal del esquema: el abogado de nombre Edgar Infantas Rodríguez, que se hace llamar “Doctor Edgar”, señalado como el estratega de la red, pero quien firma los documentos legales es la abogada María del Carmen Zúñiga Loja.
Consultado al respecto, Edgar Infantas, negó tener algún tipo de relación con la comunidad de Sayán. Sin embargo, en esa localidad, todos saben que es el estratega.
El “doctor Edgar” fue por más de 15 años abogado de la comunidad campesina lomera de Huaral y ahora se ha pasado a la comunidad de Sayán. Su rol sería coordinar cesiones fraudulentas, redactar documentos, activar cautelares judiciales y proteger el circuito desde adentro, pero se cuida de no firmar.
Junto a él actúan –también convocados por Carlos Calderón–un grupo de sujetos ya identificados por el Ministerio del Interior, con antecedentes penales y vínculos con estructuras criminales. Este brazo armado es el encargado de ejecutar las invasiones y controlar los predios en disputa, el mismo que estaría liderado por un tal alias “Ton” o “Viejo”.
Golpe de las mafias
Luego de obtener títulos fraudulentos, la mafia procede a invadir los terrenos, desalojar a los verdaderos dueños con inscripción en la Sunarp o de quienes los ocupan de manera legal, para luego revenderlos generando ganancias ilegales y pasando a un esquema de Lavado de Activos. Ello se ejecuta con los servicios de organizaciones criminales armadas, entre ellos “Los Z de Sayán” y otras del Callao, Huacho, Pativilca y Trujillo.
Es aquí donde interviene una persona conocida como “Don Cáceres”, quien gestiona estas acciones y los contactos con organizaciones de Huaral y Chancay. Las comunidades de Sayán y Huacho estarían siendo transformadas en fachadas inmobiliarias ilegales, manejadas por sus directivos en coordinación con:
- Abogados con seudónimos: “Dr. Edgar” (Edgar Infantas Rodríguez), “Dra. Milagros” (Milagros Patricio Mauricio), “Dra. Cubas”
- Notarios y estudios legales de Huacho y Huaral
- Funcionarios de Sunarp implicados en duplicidad de partidas
- Grupos armados como “Los Z” y otros del Callao, Huacho y Trujillo
- Coordinador logístico conocido como “Don Cáceres”
Estas operaciones fraudulentas ya han tenido víctimas, como es el caso de Fausto Bustamante Maslucán exreo del Penal de Carquín (asesinado el 4 de marzo de 2024) cuya investigación se encuentra entrampada en la Divincri Huacho; y Luis Verdi Marcos (asesinado el 29 de abril de 2024), ambos relacionados con compras de terreno de las Comunidades Campesinas de Sayán y Huacho.
Testigos protegidos
Por lo pronto, algunos funcionarios y trabajadores de registros públicos de la zona han decidido entregar información que demuestra estos malos manejos bajo la tutela de la autoridad.
Por su parte, el Fiscal de Crimen Organizado y Lavado de Activos está pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera de Lima que analice el movimiento económico de los denunciados, sus familiares y abogados, pero a la vez estaría solicitando el levantamiento del secreto bancario de estas personas.
Este diario se comunicó con Julio César Carlos Calderón, quien no respondió las preguntas que le hicimos llegar, pero dijo que consideraba que nuestras consultas están direccionadas, sin entrar en detalles.
El supuesto “doctor Edgar”, también respondió, señalando que no es abogado ni representante de la comunidad de Sayán.
La fiscal Jazmín Vargas Espinoza del expediente 6065-2022, dijo que no podía declarar sin autorización. Ante ello se hizo el trámite para que le autoricen a declarar, pero hasta la fecha el Ministerio Público no responde.
Mientras que el juez Abelardo Vidal Ramírez del expediente 01379-2006-0, no respondió las consultas y nos bloqueó en el WhatsApp.
Buscan “legalizar” los despojos
La imagen muestra la citación hecha por el presidente de la comunidad de Sayán para la venta de acciones y derechos del 100% de la copropiedad, lo cual es ilegal porque tiene como copropietarios a la comunidad de Huacho y la comunidad campesina lomera de Huaral. Y peor si aún se encuentran en un proceso judicial por determinar la delimitación del área que le correspondería a cada comunidad.
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