La corrupción, la inseguridad y la inestabilidad son síntomas de un Estado débil que frena la inversión y la formalidad. En ese sentido, se propone una alianza cívico-empresarial para reformar el sistema de justicia y profesionalizar la gestión pública.
Perú mantiene más de 60 exoneraciones tributarias, muchas sin sustento económico. Medidas como reducir IGV al turismo no solucionan los verdaderos problemas de gestión.
