Presidenta Dina Boluarte y MTC hacen caso omiso a CIP: Nueva Carretera Central podría significar ‘el gran robo del bicentenario’

La experiencia ha demostrado que cuando hay un interés desmedido por una obra, que desde un inicio presentó dificultades en su viabilidad, y se tiene la certeza que su puesta en marcha va a tener un costo mayor de lo proyectado, sin tener claro las complicaciones que presentará en el camino, sin duda, algo huele mal. Huele a Interoceánica y a sobornos de Odebrecht. Dice el viejo refrán: ‘cuando el río suena es porque piedras trae’.

Nos referimos a la Nueva Carretera Central. Esta vez los protagonistas son otros, pero la principal asesora francesa pertenece al mismo grupo de empresas inmersas en procesos de corrupción observados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que los técnicos advierten que podemos estar ante el pretexto perfecto para consumar lo que podría denominarse como ‘el gran robo del bicentenario’. Veamos.

Es evidente que la actual carretera central construida hace un siglo (1924) ha colapsado. Hoy en día padece de serios problemas que se repiten año a año, como un caótico congestionamiento vehicular, caída de huaicos en temporada de lluvias, agresivas zonas de heladas, además -debido a su trazo sinuoso- es vulnerable a numerosos accidentes de tránsito, lo cual dificulta más su tránsito vehicular, por lo que el comercio y traslado de productos del centro del país a la capital resulta dificultoso y con muchas pérdidas económicas.

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Esta vez, se trata de una megaobra, la más onerosa de nuestra historia, por la que se pretende pagar más de S/ 24 mil millones de soles, a ello se le va sumar seguramente las ‘complicaciones’ que irán apareciendo en su ejecución, lo cual puede retrasar su culminación en más de los 7 años previstos en el proyecto inicial (año 2031), pudiendo llegar incluso hasta los 15 años, debido a que se iniciarían engorrosos procesos de expropiación a lo largo de su trazo.

Sin embargo, es necesario que los peruanos estén muy atentos a esta obra que es la más grande de la historia del Perú. Hace poco más de un mes (13 de febrero), la presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó en un acto público el proyecto Nueva Carretera Central y dijo: “En unidad, con transparencia, sin corrupción, y de la mano de todas las autoridades involucradas, sacaremos adelante este proyecto que beneficiará de manera directa a más de 10 millones de compatriotas”, enfatizó la mandataria, quien presidía la ceremonia de inicio de la Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de la Nueva Carretera Central.

Inconvenientes

Empero, es necesario aclarar que la propia Boluarte debería ser consciente que este proyecto presenta serios inconvenientes desde sus inicios, que los funcionarios de turno han buscado la manera de superarlos, postergando soluciones o acomodando situaciones para que luego sean resueltos.

El interés desmedido porque se ejecute esta Nueva Carretera Central por un trazo que no sería la solución adecuada advierte un serio riesgo que no solo el Poder Ejecutivo debería reevaluar, sino que el Congreso de la República debería poner toda su atención para evitar que se cometa un grave error que costará miles de millones de soles a todos los peruanos.

Además, es irónico que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el propósito de evitar cualquier posible acto de corrupción, elija a Francia entre otros países aspirantes (Japón, Corea del Sur, España) para que brinde la asesoría técnica al Perú, mediante la modalidad de gobierno a gobierno, para la construcción de esta obra, sin embargo se ha hecho público que la empresa francesa elegida pertenecería al mismo grupo en el que hay compañías inmersas en serios procesos de corrupción, por lo que fueron sancionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pronunciamiento del CIP

Precisamente, el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Lima (CIP-CDLIMA) acaba de emitir un sexto pronunciamiento en el que expresa su seria preocupación por las noticias relacionadas al anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la inhabilitación de Egis Eau S.A.S. y Egis International S.A.S., hasta el 2 de enero del 2027, al haberse identificado “prácticas fraudulentas y corruptas” relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.

De esta manera el CIP-CDLIMA aclara que se opone rotundamente a los contratos de gobierno a gobierno (G2G); teniendo en cuenta que relega la ingeniería nacional, atenta contra la transparencia, no demuestra la rentabilidad de los proyectos, manifiesta desconocimiento de nuestra geografía, evade procedimientos normativos del país; y no se constata la transferencia tecnológica realizada.

“En el caso de EGIS, hemos denotado un total “hermetismo”, que no nos permiten ejercer con propiedad nuestra representación en la ingeniería nacional’, precisa el documento.

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