Actividad empresarial del Estado

Nuestra actual Constitución de 1993, en su artículo 60, reconoce el pluralismo económico, señalando que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Agrega que, solamente autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, siendo igual el tratamiento tanto de la actividad privada como de la pública.
Con lo señalado, queda claro que, desde la vigencia de la Constitución que nos rige, el Estado reconoce el principio de subsidiariedad, lo que significa que solo si la actividad privada no puede o no quiere participar, recién el Estado lo podrá hacer por ley expresa.
En virtud de lo expresado, a partir de la vigencia de nuestra Constitución, solo se han creado algunas pocas empresas públicas para la dotación de agua y el servicio de alcantarillado. Todas las demás empresas públicas que existen lo son desde antes de la vigencia de tal Constitución.
Gran parte de las empresas públicas que aún quedan fueron creadas durante el gobierno socialista del general Juan Velasco Alvarado, que tenía el prurito de estar creando emprendimientos públicos prácticamente por gusto, y se solazaba poniéndole a todos ellos como apellido: Perú.
Muchas empresas públicas fueron liquidadas y disueltas a partir del gobierno de Alberto Fujimori; incluso algunas comenzaron a reducir su campo de actividad. Sin embargo, aún perduran varias que, con voracidad, consumen los ingresos del Tesoro Público, aunque también debemos admitir que las hay eficientes, como por ejemplo el Servicio Industrial de la Marina (SIMA) o el SEMAN, que es el servicio de mantenimiento aeronáutico que conduce la FAP.
En lo que se refiere a las empresas públicas ineficientes, y que son un dolor de cabeza para el Estado, deberían entrar en un proceso de liquidación, salvo que se puedan privatizar, pues no hay derecho a que se mantengan empresas públicas deficitarias que se costean con los impuestos que pagamos los contribuyentes.
Cabe señalar que las empresas públicas no son malas per se, como tampoco las privadas son buenas por ello. Son malas o buenas según el manejo que se haga de ellas, debiendo precisar que muchas veces, en las públicas, se contrata personal en exceso, se hacen adquisiciones innecesarias e incluso se aceptan cláusulas muy onerosas para la actividad empresarial del Estado cuando se cierran negociaciones colectivas, pues es muy fácil gastar el dinero que es de otros, en este caso de todo el Estado peruano.
Sería conveniente retomar la privatización de las empresas públicas que no son indispensables y así aliviar la caja fiscal. No hay que tener temor a las críticas que consideran que las empresas públicas son estratégicas cuando no lo son. Evitemos el dispendio de los recursos del Estado, que son originados en los impuestos que pagamos o en el endeudamiento público, que en algún momento tendrá que devolverse, más su costo, que son intereses y gastos.

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