Ántero Flores Aráoz

Como es conocido, hacen obras públicas, principalmente de infraestructura, tanto el gobierno nacional como también los regionales y municipales, pero además algunas entidades estatales autónomas.

En cualquier nuevo organismo público del Estado, su titular, por lo general, incluso antes de ocuparse de los asuntos propios de la entidad, se preocupa de que exista un departamento o sección de comunicaciones. Cualquiera diría que es para hacer campañas para atender a la población. ¡Qué ingenuidad! Es para promover la imagen del titular de la institución pública.

El tema del petróleo, al que también se denomina el oro negro, en nuestra patria generó muchas expectativas, pero también muchísimas decepciones.

Desde hace algunos años, se escucha y habla mucho de sinodalidad y de espíritu sinodal, especialmente en los sermones y homilías, y en particular en la misa dominical que se celebra en la capital de Lima y que se transmite desde el canal del Estado (RTP). Todo ello generó en mí una importante curiosidad por conocer su significado.

Nuestra Constitución, entre las instituciones jurídicas que norma, contempla la amnistía y el indulto. La amnistía es el olvido del delito, sea real o supuesto, y se ordena por el Congreso de la República, que tiene esa atribución a tenor de lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 102 de nuestra Ley de Leyes.

Hay días en el calendario que, por una u otra razón, han originado dichos populares, no solo de fácil recordación, sino de general entendimiento. Uno de ellos es “salió con su domingo siete”, referido al obcecado que, pese a no tener razón, por cansancio se le permitió su deseo. Otro es “Cuidado con el martes 13, ni te cases ni te embarques”.

Hay diversidad de situaciones en que se requiere de un prerequisito. Por ejemplo, no puede haber entierro si es que no hay cadáver, no puede haber misa si es que no hay celebrante, no puede haber escuela si es que no hay profesores y alumnos, y así podríamos seguir y seguir en una incansable narrativa.

En el año 1961 se fundó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con sede en Francia, de la que formarían parte los países comprometidos con los principios democráticos, la economía de mercado y el desarrollo sostenible.

Uno de los países más cultos de América Latina, como es Colombia, no se salvó de los desatinos políticos de sus ciudadanos y eligió, como su presidente de la República, nada menos que a Gustavo Petro, cuyo apellido materno es Urrego.

Los ciudadanos estamos francamente hartos de la burocracia estatal, desde la que transita desde el más modesto de los municipios, hasta la que concurre a los ministerios y otras instituciones públicas.

El Presidente de la República, entre sus altísimas tareas y responsabilidades, tiene la de dirigir la política general del Gobierno, en buen romance la obligación de gobernar (artículo 118 constitucional), para lo cual es secundado por el Consejo de Ministros, quien tiene a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos (artículo 119) en su más amplia definición.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 126 de nuestra Constitución, “los ministros no pueden ejercer otra función pública que la legislativa”, esto es, que pueden ser nombrados ministros los parlamentarios.

Aclarando a los malpensados, nos referimos a las relaciones internacionales de Brasil, China y Perú, en que, tanto para el comercio entre Brasil con China, resulta menos oneroso hacer transporte multimodal, una parte en forma terrestre hasta llegar a puertos peruanos para luego embarcar las mercancías por vía marítima hasta China y viceversa.

El Congreso de la República ha acordado en primera votación restituir la inmunidad parlamentaria, mediante la correspondiente reforma constitucional, esperándose que en la próxima legislatura ordinaria se apruebe en segunda votación.

La presidente de la República ha suscrito el Tratado de Alta Mar, más conocido por la sigla BBNJ, y se armó la batahola, pues se creyó, aunque erradamente, que ello tenía que ver con la Convención del Mar (CONVEMAR), que el Perú hasta ahora es renuente a aprobar, pues se cree que limitaría nuestra soberanía en el mar frente a nuestro litoral y hasta la altura de las doscientas millas marinas.