Barreras burocráticas

Los administrados y, en general, la ciudadanía toda nos quejamos —por cierto, con justificada razón— de las trabas y barreras burocráticas para todo, pero especialmente para los emprendimientos, inicio de actividades, proseguimiento de las mismas, hasta para la terminación de aquellas.
Los trámites, requisitos formales y documentación requerida son exageradísimos y, muchas veces, inverosímiles para cualquier mortal, pues lejos de facilitarte las cosas, te las complican sin justificación lógica alguna.
¡El trámite por el trámite!
Mucho se ha dicho y se dice sobre el particular, y también se han dictado normas legales para supuestamente corregir la situación. Los altos funcionarios del Estado se llenan la boca diciendo que están combatiendo la tramitología, pero, además de hablar, poco se ha hecho en concreto.
Hay diversidad de normas que se han dictado; la principal y más concreta es el Decreto Legislativo n.° 1256, que el próximo año tendrá una década de vigencia, dispositivo que lleva por título “Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas”, que no solamente se refiere a las barreras ilegales, sino también a las carentes de razonabilidad.
La mencionada norma legal señala el procedimiento ante el Indecopi para reclamar por las barreras burocráticas, sean ilegales o irrazonables, pudiendo dicha autoridad disponer la inaplicabilidad de las mismas para el denunciante y, en otros casos, con carácter general.
Sin embargo, se requiere mucho más, como es que los trámites burocráticos ilegales o sin razonabilidad sean expulsados del ordenamiento legal, para lo cual se necesita una mayor coordinación entre el Indecopi y la Presidencia del Consejo de Ministros —tratándose de normas expedidas por el Poder Ejecutivo—, así como entre el Indecopi y el Congreso, tratándose de leyes y resoluciones legislativas.
Está permitido también que, desde la Defensoría del Pueblo, desde los colegios profesionales y los entes gremiales de representantes empresariales y laborales, se exija al Indecopi su accionar, pero, lamentablemente, en contadas oportunidades específicas levantan su voz; más lo hacen en términos generales, que por cierto no logran los efectos deseados.
Con la prepublicación de las proyectadas normas legales del Poder Ejecutivo, algo se ha avanzado, aunque no lo suficiente, puesto que las normas ilegales o carentes de razonabilidad no han caído del cielo como el “maná bíblico”; ellas han sido pergeñadas por funcionarios públicos. Y tenemos también exceso de ellos, pues cuanto más alto rango tienen los funcionarios, más personal dependiente de ellos exigen, aunque no necesariamente requieran.
Cuanto más personal tengamos en la administración pública, con más frecuencia soportaremos sus “genialidades”, que sufrimos los administrados.
¡Ojalá se pudiese tener un registro de los funcionarios proponentes de tantos disparates burocráticos, como quienes los admiten y ordenan su ejecución con sus firmas!
No basta señalar el pecado, necesitamos sancionar al pecador —por supuesto, en sentido figurado—.
Los trámites burocráticos a los que nos referimos entorpecen gravemente las inversiones y, sin ellas, no podrá reducirse el desempleo asfixiante que padecemos, ni lograr tampoco el deseable bienestar de la población.

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