Ampliando la transparencia

Durante una entrevista que tuve con fines académicos sobre los pedidos de información que realizan los congresistas a las instituciones públicas, recordé una propuesta que hice, sin éxito, cuando fui Oficial Mayor para que los documentos de los despachos congresales al terminar el quinquenio se remitan al Archivo General del Congreso, con el propósito de que el Congreso tenga el acervo documental del parlamentario y luego pueda investigarse la conducta del legislador durante su periodo congresal.

Muchos parlamentarios, y no solo es el caso de los actuales sino también de los anteriores, piensan que la documentación de sus despachos tiene el carácter de privado y que luego de terminado su periodo pueden llevárselo a su casa sin darse cuenta de que son documentos ligados a su función pública y deben estar a disposición de quien los requiera para fines académicos o de investigación.

El Congreso debería modificar su reglamento y establecer que los documentos de los despachos parlamentarios deben remitirse, al término del periodo congresal, al Archivo General del Congreso.
Este mecanismo de transparencia sería una buena forma de autocontrol de la actividad parlamentaria ya que algunos congresistas podrían estar tentados en usar sus prerrogativas constitucionales para realizar actos privados.

En otros parlamentos la documentación de la oficina de los congresistas es remitida al Archivo Central o a la Biblioteca con el propósito de que la población pueda investigar e informarse de los trabajos que realizó el parlamentario que él eligió.

En nuestro caso, de modificarse el reglamento del Congreso, la documentación generada por los congresistas; oficios a los ministerios, cartas, memorándums internos, pedidos de útiles, etc., podrían ser escaneados y ser puestos a disposición de la población en la página web que cada parlamentario tiene en el portal de transparencia del Congreso.

Esta exigencia también debería ampliarse para los ministros, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, superintendente de Banca y Seguros, jefe de la Sunat y demás funcionarios con rango constitucional. La población, los medios de comunicación y la opinión pública debemos tener la posibilidad de poder evaluar el desempeño de nuestros funcionarios.

El Congreso por excelencia es una de las pocas instituciones que tiene transparentado sus actos públicos en el pleno y las comisiones, pero debe ampliarlo hacia la documentación de cada despacho congresal, pero ojo, también para el resto de los funcionarios de la Administración Pública.

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