Añoranzas primafásicas
Llevamos cerca de treinta años con una direccionalidad económica sustentada en los valores y principios del mercado, bajo la modalidad de economía social de mercado, en que este último puede regularse cuando factores como la oferta y la demanda quedan desnaturalizados o afectados.
Para lo expuesto ha contribuido el capítulo económico de la Constitución, que no siendo perfecta, como ninguna lo es, sí es fiel reflejo de la denominada Constitución Histórica, que es el común denominador de todas nuestras constituciones.
La contribución de la Constitución al resultado de haberse reducido la pobreza y pobreza extrema, que haya aumentado la clase media, que exista una clase social emergente que envía sus hijos a las universidades y, que formal o informalmente, son hacedores, consumidores y usuarios de bienes y servicios, nos ha puesto en la senda del desarrollo, habiendo pasado a ser un país en que sus pobladores han subido al llamado “ingreso medio” y nos ha sacado del rubro de países que tenían que extender el “sombrero” para esperar la cooperación internacional.
Los principios rectores del capítulo económico de la Constitución son el reconocimiento que la iniciativa privada es libre, la libertad de empresa, comercio e industria; el pluralismo económico, la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, el mismo tratamiento para la actividad pública y privada, así como para la inversión nacional y extranjera, la inviolabilidad de la propiedad, el combate de prácticas atentatorias contra el mercado, y garantía de tenencia y disposición de moneda extranjera, entre varios otros principios.
En cuanto a la actividad empresarial del Estado, la Constitución la permite, pero con carácter subsidiario “por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, pero siempre bajo autorización de ley expresa. En buen romance se acepta al Estado empresario solo cuando el privado no debe, no pueda o no quiera ejercer alguna actividad empresarial, pero siempre bajo las razones aludidas.
Decimos lo anterior porque han sorprendido las declaraciones del ministro de Justicia en el sentido de que no se debe tener miedo al Estado empresario y tenemos que abrirnos a dicha posibilidad en diversos campos. No es que tengamos miedo, en realidad tenemos PÁNICO, pues la actividad empresarial del Estado, salvo contadas excepciones, no ha sido conveniente al país, no solamente por la ineficiencia en su manejo, sino también por haber sido más proclive a la corrupción.
Si el ministro de Justicia tiene añoranzas primafásicas del “velascato”, simplemente recuerde la creación y proliferación de empresas públicas en aquellas épocas felizmente superadas. Recuerde también que para cuanta actividad había se creaban empresas públicas en que en su nombre o razón social se incluía el término Perú y así quebraron al Perú. No solo ello, se crearon monopolios para pesca, para hidrocarburos, para electricidad para comercialización minera y tantas otras cosas, costando mucho esfuerzo revertir tal situación. Hizo bien el Presidente en desautorizar la pretensión, pero sí llama la atención que el ministro sea parte de la bancada que PPK llevó al Congreso.
