Aterrorizados

Desde hace un tiempo ya, la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de los peruanos según las encuestas, junto con la precaria situación económica. No tener seguridad en el propio país es muy perturbador para el ser humano. Quienes fueron niños durante la peor época de Sendero lo saben. Actualmente, los peruanos vivimos en pánico. Sabemos que lo ocurrido en Ecuador se puede replicar en nuestro país en igual o mayor magnitud. No olvidemos que además de la creciente delincuencia en el Perú, padecemos la violencia de Sendero Luminoso. Fue evidente en los violentos sucesos de enero de 2023. La subversión sigue activa.

La incursión del crimen en Ecuador es propia de una organización criminal, de las verdaderas, no como la que quieren armar a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El ataque simultáneo a un hospital, a un medio de televisión, la incursión en las cárceles forman parte de un plan bien montado que aún no acaba y será muy sangriento.

El intento de tomar un centro comercial en Trujillo, el secuestro de trabajadores mineros en Pataz y el posterior ataque a un convoy policial para liberar a cuatro delincuentes son una réplica en menor escala aún de lo ocurrido en Ecuador. Para colmo, las municiones, explosivos y granadas utilizadas por estos facinerosos provienen del Perú. Es claro que ese crimen organizado ya está en nuestro país. Como allá, el narcotráfico está detrás. La presencia en el norte de las bandas criminales ‘Los choneros’ y ‘Los tiguerones’ es un hecho. Trujillo, Chiclayo, Sullana se convirtieron en albergues del hampa.

En Ecuador y Perú, sacar el teléfono celular en la calle puede costar la vida y el sicariato es pan de cada día. Se mata porque no cumplieron con la extorsión. La zozobra ciudadana es permanente. Salir a las calles conlleva la posibilidad de terminar en un ataúd. El ministro de Defensa balbucea acerca del tráfico de municiones, pero permanece en el puesto. El Congreso pide una comisión investigadora más. La Policía no se da abasto. Estamos desamparados.

En medio de este panorama se da un debate absurdo sobre si lo ocurrido es un conflicto armado interno o terrorismo. Estéril discusión. El primer término es el que le gusta a la Corte IDH e implica respetar los derechos humanos de los delincuentes. Ecuador escogió ese camino pues la constitución de Rafael Correa puso esa trampa. Absurdo, los hampones resultan siendo terroristas. Increíble, Human Rights Watch asegura que en Ecuador se “abre la puerta a graves abusos cometidos con impunidad”. Acertadamente para DIRCOTE, Sendero y sus acciones son terrorismo puro y duro.

El debate de palabrejas no solucionará la toma de 178 rehenes en las cárceles ecuatorianas. La situación es muy compleja, tal como el rescate de secuestrados en la embajada de Japón en Perú. ¿Habrá negociación con los facinerosos? Probablemente no y el conflicto se extenderá en el tiempo. El narcotráfico quiere tomar el poder. La asonada ecuatoriana tiene el respaldo político de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es sabido que el ‘Tren de Aragua’ y sus asociados han sentado sus reales en varios países latinoamericanos.

El gobierno está obligado a impedir que lo ocurrido en Ecuador se replique en nuestro país. La PNP vive un enorme malestar con el actual comandante general. Dios nos coja confesados.

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