Atribuciones de la Cámara de Diputados

Nuestra Carta Fundamental establece que son atribuciones de la Cámara de Diputados:
Aprobar las propuestas normativas a ser remitidas al Senado, conforme a su reglamento.
Interpelar y censurar a los ministros de Estado.
Otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial.
Conformar comisiones investigadoras con la finalidad de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.
Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de su función.
La reciente reinstauración de la bicameralidad en el Perú mediante la Ley N.° 31988 (2024), asignando competencias específicas a la Cámara de Diputados, invita a una profunda reflexión desde las perspectivas filosófica, jurídica y política, teniendo como referencia histórica las Constituciones de 1933 y 1979. Esta medida no solo recupera un modelo legislativo históricamente significativo en la tradición republicana peruana, sino que también busca fortalecer la representatividad democrática y optimizar la eficiencia en el proceso legislativo.
Dicha decisión exige un análisis minucioso sobre cómo este renovado diseño institucional afectará el equilibrio de poderes, el dinamismo parlamentario y la calidad de las políticas públicas, tomando en cuenta tanto las experiencias pasadas como los desafíos actuales del sistema democrático de nuestro país.
Desde una perspectiva filosófica, la existencia y funciones de la Cámara de Diputados responden esencialmente al principio democrático representativo. Inspirado en teorías clásicas del constitucionalismo moderno, particularmente en las formuladas por Rousseau y Locke, este órgano se establece como expresión directa de la voluntad popular, siendo responsable ante los ciudadanos por el ejercicio inmediato del poder legislativo. En este contexto, conferir a esta cámara funciones como la aprobación de iniciativas legislativas destinadas al Senado reafirma su papel propositivo y dinámico, esencial para canalizar las demandas sociales y plasmarlas en normas jurídicas efectivas.
Jurídicamente, las atribuciones constitucionalmente establecidas presentan claridad y precisión en las funciones de control político sobre el Ejecutivo, instituyendo mecanismos esenciales para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. Facultades como interpelar y censurar ministros, así como aprobar o denegar la confianza solicitada por iniciativa ministerial, destacan la importancia de esta cámara en la supervisión y responsabilidad gubernamental ante la representación nacional. Históricamente, estas competencias han sido fundamentales en el constitucionalismo peruano, resaltadas tanto en la Constitución de 1933 como en la de 1979, períodos donde se consolidaron principios esenciales como la responsabilidad ministerial y la limitación del poder ejecutivo frente al legislativo, evitando abusos o concentraciones indebidas de poder.
En el ámbito político, la facultad para constituir comisiones investigadoras destinadas a examinar cualquier asunto de interés público refleja una clara vocación fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Esta atribución no solo profundiza en la transparencia y responsabilidad gubernamental, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Dichas comisiones representan un mecanismo eficaz para combatir la corrupción, asegurar el respeto al Estado de Derecho y mantener la legitimidad democrática ante la opinión pública.
Asimismo, la atribución general para ejercer funciones “propias de su función” permite a la Cámara adaptarse a circunstancias políticas o sociales futuras e imprevistas, proporcionando la flexibilidad necesaria para responder eficazmente a nuevos retos en la realidad nacional.
En conclusión, las atribuciones constitucionalmente asignadas a la Cámara de Diputados refuerzan principios fundamentales del constitucionalismo democrático peruano: la representación popular directa, el control del Ejecutivo y el fortalecimiento institucional mediante la función investigativa. La reincorporación de esta cámara en el sistema legislativo peruano, con competencias claras y definidas, representa un avance decisivo hacia un régimen democrático más estable y equilibrado, en armonía con los antecedentes constitucionales y las tradiciones democráticas de nuestra historia republicana.

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