Cobardía en la lucha contra la inseguridad ciudadana

Basta ya de cobardía. Las explicaciones oficiales sobre la crisis de la inseguridad ciudadana que nos desborda son solo excusas políticas inservibles. Y las medidas de emergencia adoptadas resultan apenas paliativos, una vez más destinados al fracaso. Seamos claros, el Perú está haciendo frente al desborde del crimen transnacional de origen -entre otros- venezolano, colombiano, brasileño y local; pero también es víctima de organismos interesados en avasallar al Perú como el Foro de São Paulo. Las extorsiones contra los transportistas son, apenas, una escalada neurálgica en la lucha por la consolidación de un estado paralelo dominado por mafias que ya han corrompido desde la simple vida cotidiana de los ciudadanos hasta los escalones estratégicos de la administración estatal. Corremos hacia un modelo de caos normalizado como el mexicano, donde el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la deforestación y la pornografía infantil, entre otras lacras, son el paso final para controlar la política infiltrándose en el sistema de gobierno; como está ocurriendo también con el sátrapa Gustavo Petro en Colombia.
El objetivo final es provocar la implosión de nuestra república, convirtiéndola en estado fallido, presa de los intereses económicos, políticos, sociales y geoestratégicos de estados extranjeros y organizaciones subversivas enemigas. Frente a esto, de nada sirven estrategias de una PNP que necesita ser refundada, y resulta un abuso sacrificar a los militares utilizándolos como apoyo simbólico de tácticas inútiles. Lo que se requiere es real voluntad política del gobierno para adoptar un plan integral y disruptivo, liderado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que incluya un paquete legislativo radical mediante el cual la subversión y la criminalidad organizada se declaren como terrorismo y se dicte el régimen de excepción. Este debe implicar la reforma urgente del Ministerio Público, el restablecimiento de jueces sin rostro, la preeminencia de la justicia castrense, la captura masiva de delincuentes (que pueden ser recluidos en estadios y campos de concentración hasta que se construyan penales suficientes), la reimplantación de la pena de muerte, el uso amplio de las armas letales, la reforma carcelaria y, por supuesto, la salida del ámbito jurisdiccional de la Corte IDH.
Para ello se requiere valentía, decisión institucional y enfrentar a las mafias que trafican con los derechos humanos, además de estar conscientes de que la pacificación, siendo inevitable, traerá durísimas consecuencias y represalias jurídico-políticas por los próximos decenios. Pero no hay de otra.

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